SENTENCIA DEL PROCÉS
Suárez Quiñones: "La sentencia resume con contundencia la fuerza del estado de derecho"
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León y juez de profesión, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha sostenido este lunes que la sentencia a la cúpula del procés da contundencia y resume y "da fuerza" al estado de derecho por "encima de algaradas, manifestaciones y gestos de todo tipo".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la reunión celebrada este lunes en Valladolid con el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, para tratar asuntos comunes en materia de emergencias e incendios forestales. R. GARCÍA
En declaraciones a los periodistas antes de reunirse en Valladolid con el consejero de Interior de Madrid, el también magistrado Enrique López, ha defendido que el estado de derecho "es un estado fuerte en el que los tribunales han dicho la última palabra". "Ahí hay un grupo de sediciosos delincuentes que quisieron poner en solfa la unidad de España y la propia Constitución y por encima de las algaradas, de las manifestaciones, de los gestos de todo este tipo de cuestiones hay algo más contundente que son cuatrocientos y pico folios de una sentencia que resume y que da fuerza al estado de derecho", ha reflexionado.
El consejero de Castilla y León ha afirmado que hay que sentirse orgullos "de que nuestras instituciones funcionan y, por encima de mucha parafernalia, los tribunales han hablado, la más alta instancia judicial ordinaria, que es el Tribunal Supremo, ha hablado y no hay nada más que decir".
El Tribunal Supremo ha impuesto 12 años de cárcel a los exconsellers de Presidència Jordi Turull, Exteriores Raül Romeva y Trabajo Dolors Bassa, por los delitos de sedición con malversación, y diez años y medio por sedición al extitular de Interior Joaquim Forn y al de Territorio Josep Rull. En su sentencia tras el juicio a la cúpula del procés, el alto tribunal ha condenado a Romeva, Turull y Bassa, para quienes la Fiscalía pedía 16 años de prisión por rebelión y malversación, a doce años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con malversación de fondos agravado por su cuantía.