El Gobierno avisa a Bélgica de que habrá consecuencias si no entrega a Puigdemont
p.d.l.h. / s.a. | madrid / bruselas
El Gobierno lanzó ayer una advertencia inusualmente dura a Bélgica. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, argumentó que ve «difícil» que desde el punto de vista jurídico se pueda denegar la petición realizada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para que la justicia belga extradite a Carles Puigdemont, una vez que el resto de procesados en la causa del 1-O han sido condenados. Pero, sobre todo, subrayó que el Ejecutivo «no entenderá» que esa entrega no se produzca y avisó de que si se rechaza la euroorden, se tomarán «medidas».
Calvo no concretó exactamente cuáles serían las consecuencias de un gesto que, desde su punto de vista, implicaría no reconocer la «plenitud de la democracia española», pero fuentes del Gobierno explican que en caso de pérdida de confianza puede tener repercusiones diplomáticas claras, por ejemplo, dentro de la UE. «Podemos dejar de apoyarles en cosas en las que ellos tengan interés», explican. La vicepresidenta lo expresó de otra manera: «Se puede tener más intensidad o menos en el empeño de las relaciones», dijo en una entrevista en Onda Cero.
La amenaza se produjo apenas unos minutos antes de que la justicia belga concediera más tiempo al expresidente de la Generalitat y aplazara la audiencia que debía celebrarse en primera instancia su caso. El político secesionista, huido desde hace dos años, tendrá que comparecer el próximo 16 de diciembre por la tarde ante el mismo tribunal para defenderse de las acusaciones de sedición y malversación de fondos públicos, los dos delitos que sustentan la orden internacional de detención y entrega emitida por Llarena y respaldada por la Fiscalía del país.
Puigdemont tiene ahora mes y medio por delante en los que su defensa utilizará los mismos argumentos que con las dos euroórdenes anteriores. Su abogado, Gonzalo Boye, explicó que, entre ellos, estarán «la inmunidad parlamentaria, la vulneración de derechos civiles y políticos, los derechos fundamentales, las garantías del proceso y de la presunción de inocencia».
Puigdemont, que no aceptó preguntas ni a la entrada ni a la salida del Palacio de Justicia de Bruselas, se limitó a asegurar que atenderá los requerimientos de «una justicia (la belga) que actúa con independencia e imparcialidad». El expresidente, en libertad sin fianza y con medidas cautelares después de pasar una noche arrestado la pasada semana, había llegado a esta cita pasadas las 8.30 horas y salió rodeado de sus cuatro abogados a eso de las 10.20 horas. Su asunto no era el primero que tenía encima de las mesa el juez flamenco encargado de llevar su caso, el mismo que estudió y denegó la euroorden de 2017, en la que Llarena incluyó también el delito de rebelión.
El expresidente y los letrados fueron uno a uno anunciando el aplazamiento de la vista ante la numerosa prensa nacional y extranjera (incluido un medio ruso) en hasta cinco idiomas distintos.
Boye, que recientemente fue llamado a declarar en España por presunto lavado de dinero del narcotraficante Sito Miñanco, utilizó las palabras que apenas unas horas antes había pronunciado Carmen Calvo para volver a cuestionar la independencia judicial en España. «Son unas declaraciones que ayudan bastante y las agradecemos», dijo el letrado con ironía.