La Abogacía del Estado vuelve a ser protagonista muy a su pesar
En la Abogacía del Estado todavía no terminan de entender cómo diantres han acabado en el epicentro de este embrollo. O lo que es lo mismo: «¡¿Cómo el sentido de un dictamen jurídico de carácter técnico en un procedimiento penal puede decidir la negociación política de la formación del Gobierno de España?!».
En los servicios jurídicos del Estado nadie oculta que «incomoda», y mucho, la posición de «actor político» en la que ERC ha colocado a la Abogacía y a las posibles consecuencias que podría tener su decisión sobre su interpretación de la inmunidad de Oriol Junqueras cuando fue elegido eurodiputado.
La Abogacía del Estado defendió en su momento que el exvicepresidente fuera excarcelado para poder hacerse con su acta como parlamentario europeo y, según los expertos jurídicos del Ministerio de Justicia, esa será la posición que mantenga ahora a la pregunta del Supremo.
Pero, más allá del indeseado papel de protagonista, en la Abogacía del Estado molesta la «vitola política» que está salpicando a este departamento, otrora totalmente ajeno a polémica partidista. Esta deriva que disgusta tanto a los juristas del Estado comenzó con la llegada a Justicia de la fiscal progresista Dolores Delgado. Una de las primeras decisiones de la ministra de Sánchez fue nombrar a Consuelo Castro como nueva jefa del servicio jurídico en sustitución de Eugenio López.
La polémica llegó a las cotas máximas cuando Castro en noviembre de 2018, solo tres meses antes del inicio del juicio del procés , fulminó al abogado del Estado que hasta entonces había dirigido la instrucción, Edmundo Bal.
Bal fue sustituido por Rosa Seoane en el proceso a los independentistas. Desde el principio Seoane fue tachada de ser una comisaria ‘sanchista’ en el juicio.
Seoane y su mano derecha, Elena Sáenz, han luchado para sacudirse las acusaciones de ‘lacayas’ de Sánchez.