Sánchez intenta evitar con Iglesias el nuevo choque por la investigación al rey emérito
Podemos presenta en el Congreso su propia petición para crear una comisión sobre la actividad financiera de Juan Carlos
El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada en el mes de abril a la plaza de toros de Las Ventas.
La investigación parlamentaria de las actividades financieras del rey emérito se han convertido en un nuevo quebradero de cabeza para Pedro Sánchez. Unidas Podemos, socio de Gobierno, y Esquerra Republicana, sostén imprescindible, presentaron ayer en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de investigación ante «las graves sospechas de presuntas actividades corruptas» por parte de don Juan Carlos.
El presidente del Gobierno y su vicepresidente segundo buscan evitar que el deterioro en la zarandeada convivencia de la coalición gubernamental vaya a más por la pretensión de investigar en el Congreso las finanzas del rey emérito. No está prevista ninguna reunión específica para abordar el asunto, pero, recuerdan en la Moncloa, Sánchez y Pablo Iglesias hablan con frecuencia y buscarán la forma de zanjar el debate, o al menos acotarlo al ámbito parlamentario sin que salpique al Ejecutivo. Pero la escalada verbal de ayer ya implicó a los ministros.
Irene Montero dijo que aceptará lo que decida el Gobierno, aunque puntualizó que por «salud democrática» debería abrirse una investigación en el Congreso porque nada hay «tan democrático como que ningún ciudadano esté por encima de la ley». Alberto Garzón también abogó por «conocer lo que se ha hecho desde la más alta institución del Estado» y avisó que «se equivocan radicalmente quienes opinan que ocultar esa información ayuda al país».
La réplica socialista llegó de la mano del ministro de Transportes: «El Parlamento está para controlar la acción de Gobierno». José Luis Ábalos señaló que hay «otras instancias a las que corresponde llevar adelante las investigaciones que procedan» respecto al rey emérito. Antes que él, la portavoz parlamentaria del PSOE abundó en que «no cabe constitucionalmente» crear una comisión sobre la actividad financiera del anterior jefe del Estado. Adriana Lastra aludía al artículo 56.3 de la Constitución que establece que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
La Moncloa y el PSOE habían dejado claro a Podemos que de ninguna manera iban a dar ese paso y confiaban en que la polémica se quedara en una diferencia de opinión sin más recorrido, pero el partido que lidera Iglesias, lejos de recular, presentó ayer en el Congreso, con el apoyo de Esquerra, su propia solicitud de investigación a Juan Carlos de Borbón, que se suma a la que formularon el jueves el Grupo Plural y también los republicanos (el reglamento del Congreso exige que la petición venga firmada por dos grupos).
La solicitud reseña que de acuerdo a las pesquisas judiciales suizas en agosto de 2008 el Gobierno de Arabia Saudí transfirió cien millones de dólares a una cuenta del banco Mirabaud en Bahamas, cuyo titular era la sociedad instrumental Lucum Foundation. Esta firma, prosigue el escrito, estaba gestionada por dos testaferros tras los que se ocultaba «el verdadero y único beneficiario de Lucum Foundation (que) sería el exjefe del Estado Juan Carlos de Borbón».
En este debate puede darse la paradoja de que si llega a votarse en el pleno del Congreso la creación de la comisión, el PSOE tendrá que compartir el voto en contra con el PP, Vox y Ciudadanos, y enfrente, con el voto a favor, se encontrarán los socios de la investidura de Sánchez, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, EH Bildu, Más País, BNG y Compromís, junto a JxCat y la CUP.