Sánchez pone a Marlaska al mando de la crisis

Nunca antes en la historia democrática reciente de España alguien, más allá de los presidentes del Gobierno, había tenido tanto poder. Ni siquiera los vicepresidentes de más renombre de los últimos cuarenta años habían acumulado tanta responsabilidad a sus espaldas. Pedro Sánchez no ha elegido a ninguno de sus cuatro vicepresidentes para liderar y coordinar la batalla contra el COVID-19, sino a un ministro sin carné de ninguno de los dos partidos que forman el Ejecutivo.

El decreto que detalla la aplicación del estado de alarma para hacer frente a la pandemia convierte al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de facto en el número dos del Gobierno mientras dure el actual estado de emergencia, según admiten los responsables de Moncloa.

El responsable del Interior no solo pasa a ser el miembro del Ejecutivo con más funcionarios a su cargo de todo el país, sino que tendrá mando sobre los trabajadores de la administración de los sectores más delicados para la seguridad nacional, exceptuando los sanitarios.

A partir del lunes, Grande-Marlaska ordenará sobre más de 400.000 funcionarios: los 169.000 adscritos a Interior (entre ellos policías nacionales, guardias civiles y efectivos de Protección Civil), los 132.000 miembros de las Fuerzas Armadas; los 17.000 mossos, los más de 8.000 ertzaintzas, los cerca de 1.000 forales navarros y los casi 70.000 policías locales de toda España. Nunca antes -ni siquiera en la época de los ministerios de Gobernación franquistas- un Ministerio había controlado tan importante número de funcionarios de sectores tan estratégicos.

"Imponer servicios" Aunque el real decreto reparte, en teoría, funciones entre otros tres ministerios además de Interior (Defensa, Transportes y Sanidad), el texto reserva a Marlaska la labor de coordinación de las cuestiones más delicadas de seguridad nacional. Y sobre todo, deja claro que las policías autonómicas "quedan bajo las ordenes directas del titular del Ministerio del Interior", quien no solo podrá marcar las líneas maestras de los Mossos o la Ertzaintza, sino temas muchos más concretos como "imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza". De acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa Nacional, el decreto recoge la posibilidad de "requerir la actuación de las Fuerzas Armadas". Si el Ejército finalmente debiera ser movilizado para actuaciones de seguridad ciudadana -explican desde el Gobierno- las órdenes emanarían directamente también desde Interior en todo lo que tuviera que ver con el orden público y cumplimiento de las medidas de restricción de movimientos de la ciudanía.

En la práctica, los más de 400.000 funcionarios bajo las órdenes de Grande-Marlaska (incluidos los militares llegado el momento) serían todos los "agentes de la autoridad" de los que dispondría el aparato del Estado para hacer cumplir por la fuerza las drásticas medidas de este estado de alerta. Esos "agentes de la autoridad", recoge el texto, "podrán practicar las actuaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas".

En el apartado de la limitación de movimientos, el decreto incluye un artículo que faculta al Ministerio del Interior "acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos".

Según todas las fuentes consultadas, este apartado, en la practica, deja en manos de Marlaska una cuestión tan primordial como es la posibilidad aislar zonas completas cortando sus vías de acceso.