Casi el 90% de los Erte están aprobados y los afectados cobrarán a primeros de mayo

Alrededor del 60% de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) presentados en las últimas semanas a consecuencia de la crisis del coronavirus están ya resueltos, y al menos otro 25% está aprobado también por silencio administrativo, aunque en este caso son expedientes «susceptibles de revisión», y será la inspección la que compruebe el cumplimiento efectivo de los recortes o despidos firmados. A pesar de ello los documentos no se tramitan con la necesaria fluidez, y la escasez de personal para hacer frente a la avalancha de Erte, así como el colapso tecnológico en las administraciones que tienen que gestionarlo, hace que los servicios estén desbordados.

Son los cálculos que realizan desde los despachos y gestores administrativos, que desde la declaración del estado de alarma trabajan contra reloj. De momento desde la Junta de Castilla y León no se dan datos del número de expedientes resueltos, ni el Servicio Público de Empleo ofrece información sobre el número de trabajadores afectados por los Erte que ya están cobrando la prestación.

«La situación es un despropósito que genera incertidumbre e inseguridad jurídica», señala Miguel Ángel Alonso de Paz, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, que apunta que en pocas semanas se han publicado más de un centenar de normas sobre esta situación. Y recuerda que más del 90% de las empresas han presentado expedientes de recortes o despidos. Denuncia también que ante el «enorme volumen de expedientes, se está dando una disparidad en los criterios en cada provincia de la Comunidad, con interpretaciones distintas».

Alonso señala también que «la improvisación ha llevado a que algunas actividades se queden fuera de los Erte por causa mayor, y tengan que presentarse por causas organizativas, técnicas o de producción, que son más complejos y que retrasan más su aprobación».

Desde RBH Global su presidente, Pablo Roberto Herrero, incide en que la gran mayoría de los expedientes están aceptándose porque «los despachos tienen mucha conciencia sobre cómo gestionar cada caso», incluso en los sectores no incluidos en la fuerza mayor y que tienen que acogerse a la otra modalidad.

Respecto a los trabajadores, más del 90% comenzarán a cobrar la prestación a partir del 10 de mayo (o antes si se adelanta el cobro, como pasó en abril). El anterior período de presentación se cerró el 25 de marzo, así que muy pocos han podido cobrar este mes. «En caso de apuro recomendamos acudir a las entidades financieras, que tienen líneas para adelantar estos cobros».

Desde el sindicato CSIF advierten de que tanto el Sepe como la Seguridad Social están «desbordados» y eso está retrasando las autorizaciones de los Erte.