Los ayuntamientos aplazan el cobro de impuestos pero sin aligerar la carga fiscal

Apenas tienen margen de maniobra, pero los ayuntamientos más importantes de la provincia modificarán el calendario del contribuyente para amortiguar la carga fiscal de miles de personas que se han visto golpeadas por el coronavirus. También lo hará la Diputación.

De momento, León ya ha aprobado una moratoria en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el más relevante en cuanto al importe y que estaba previsto para el mes de mayo. Permitirá el pago voluntario hasta el 20 de julio. Así se «minimizará el efecto negativo» que ha ocasionado el confinamiento, según explica el alcalde José Antonio Diez, que ha incluido en esta batería de propuestas la ampliación de los plazos para afrontar en el periodo voluntario los tributos locales. También ha suspendido los cobros por la vía ejecutiva y se han congelado los plazos de devengo en las liquidaciones municipales.

Impulsará más adelante otras medidas para relanzar el comercio, la hostelería y el turismo, aunque tendrán que esperar a que arranque la fase de desescalada y se pueda saber en qué condiciones reabren los negocios. Mientras tanto, reduce las tasas de ocupación de la vía pública, veladores y basuras hasta el máximo que permita la ley en función del cierre de los establecimientos.

Una línea similar seguirán en Ponferrada, que del mismo modo prepara un plan de actuación con agentes sociales y el resto de formaciones políticas para definir las medidas del consistorio berciano, que plantea el aplazamiento del IBI, fijado para octubre. Ya ha prorrogado, mientras dure el estado de alarma, el abono de los tributos, tasas e impuestos de carácter municipal. Además ampliará los periodos de tramitación. Esta medida, tomada al principio del confinamiento, afecta al impuesto de vehículos y a la tasa de basura de servicios especiales y veladores.

Mientras, en San Andrés han dilatado hasta el 5 de mayo la liquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa de recogida de basuras y la de los Vados. También han dado otros quince días de plazo para cargar los recibos del 21 de abril y la Concejalía de Hacienda estudia de qué manera pueden aligerar el peso del IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El periodo de pago voluntario expira en junio y septiembre, respectivamente.

Una solución similar quiere dar el alcalde de Villaquilambre a sus vecinos. Aún tendrá que llevar a pleno el paquete de ayudas, que permitirá retrasar hasta dos meses el pago de los recibos. También se podrán fraccionar sin ningún tipo de interés, como en el resto de los ayuntamientos, que dependen, sobre todo, de las partidas extraordinarias que apruebe el Ejecutivo central y la Junta. Apenas hay remanente y lo prioritario ahora es garantizar la prestación de los servicios básicos.

Solo en León, el impacto de la moratoria se calcula en un millón de euros mensuales. De todas formas, los Ayuntamientos irán adaptando estas medidas según avance la crisis y devolverán las cuotas de las guarderías y del resto de servicios cuando se recupere la normalidad.