Crisis por el coronavirus
Sánchez no logra resolver los problemas de la crisis tras mes y medio de confinamiento
Falta de material y de test, dudas sobre los datos de fallecidos y contagiados y errores de comunicación, los más graves
Pedro Sánchez, en su comparecencia de ayer para anunciar las nuevas medidas en el próximo Consejo de Ministros. EFE
La metáfora del día de la marmota comienza a estar muy gastada para explicar el sentimiento de los ciudadanos ante el confinamiento, pero en esa repetición monótona de los días se encuentra también el Gobierno, que no ha conseguido solucionar ninguno de los graves problemas que ya se detectaron cuando decretó el estado de alarma, hace mes y medio. Un bucle que le obliga a permanecer en posición de defensa y que no le permite marcar la agenda porque, hasta cuando toca dar alguna buena noticia, que son las menos, los anuncios quedan oscurecidos por las dudas sobre su gestión, por los problemas de comunicación y por la sensación de que, detrás de cada esquina, se esconde una nueva trampa.
España es el país del mundo con más sanitarios contagiados, por encima de los 37.000. Desde el primer día de la crisis, los profesionales denunciaron que no contaban con mascarillas, equipos de protección y batas. El Ministerio de Sanidad, que centralizó las compras, se movió con lentitud, dejó pasar pedidos y, cuando quiso acelerar, descubrió que China se había convertido en un mercado persa donde todos los países del mundo querían comprar.
Cuando al principio de la crisis la Organización Mundial de la Salud pidió que se hicieran test masivos y cuando los países más previsores (y que antes están saliendo de la crisis, como Alemania) hacían 120.000 al día, el Gobierno se encontró con que no tenía pruebas. Las primeras las compró en China, pero al analizarlas en el Instituto Carlos III descubrieron que no eran en absoluto fiables. El siguiente lote daba resultados con el 65% de garantía, y Sanidad los acabó aceptando porque contaba con los test PCR, los más seguros, si surgían dudas.
En las residencias han muerto alrededor de 15.000 personas, un dato que las comunidades autónomas ya han trasladado al Gobierno, pero que el Ejecutivo aún no ha hecho público. Fueron el epicentro de la crisis: sin material sanitario adecuado, sin test para hacer a los mayores y sin personal suficiente, la Covid-19 hizo estragos en estos centros, donde vive la población más vulnerable. La Unidad Militar de Emergencias intervino para desinfectar las instalaciones y alivió en parte la situación, pero el balance ya era terrible. La Fiscalía General del Estado ha abierto 121 diligencias civiles.