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Autónomos con el agua al cuello por unas ayudas «insuficientes» y a cuentagotas

Casi 12.000 trabajadores de la provincia han solicitado la prestación por cese de actividad

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La incertidumbre que rodea a la desescalada, los retrasos en las medidas que prometió el Gobierno y las facturas que se agolpan en los cajones ponen contra las cuerdas a miles de pequeñas y medianas empresas de la provincia, asfixiadas tras un mes y medio sin actividad.

No generan ingresos y las ayudas que anunció el Ejecutivo central «son insuficientes» y apenas dan para cubrir una pequeña parte de los gastos. Tampoco tienen muchas opciones, más allá del aplazamiento de algunos impuestos, la moratoria en la hipoteca, los créditos avalados por el ICO o el subsidio extraordinario, similar al desempleo.

Hasta el momento, 11.713 trabajadores por cuenta propia de los 36.000 que hay en León han solicitado la prestación por cese de actividad, que no alcanza los mil euros de media, según los datos que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos. A 11.038 se la han concedido —explican desde ATA— y quedan pendientes 295. El resto no cumplían los requisitos establecidos por el Gobierno, que exige acreditar un descenso en la facturación de al menos el 75% y estar al corriente con la tesorería.

Mientras la administración aclara los expedientes e ingresa las ayudas públicas, muchos de estos autónomos que cerraron a mediados de marzo siguen pagando las cuotas a la Seguridad Social. Ayer mismo pasaron el último recibo. No se lo devolverán hasta junio.

Algunos, «incluso», no han recibido todavía ninguna respuesta, a pesar de que presentaron la documentación la «primera semana» del confinamiento. Así lo denuncia María Jesús Pascual Barrio, propietaria de ‘Mª Jesús, tu modista’, que, como a tantos otros, le han girado las cuotas de los dos últimos meses, «cerca de 560 euros», subraya.

«No puedo trabajar, no recibo ninguna información y tampoco tengo ingresos», lamenta. «Si no nos dan nada, por lo menos que no nos lo quiten», critica esta empresaria leonesa, que ha recurrido a un préstamo del ICO para amortiguar el golpe. «Del subsidio no me ha llegado nada», insiste María Jesús Pascual que aún no sabe cuando podrá reabrir la tienda.

Las mismas dudas trasladan Cristina González Gómez y Toño Mateos Rodríguez, que regentan el centro de ocio Ludopani, ubicado en Navatejera. Aunque han cobrado 670 euros por el cese de actividad, resisten gracias a «los ahorros y a las ayudas de la familia». Las facturas «siguen llegando» y no volverán a abrir hasta la última fase de la desescalada. Temen que el negocio «no sea rentable» si se recorta el aforo.

Esa limitación afectará seguro a la hostelería. «Solo tengo dos mesas en la terraza y aunque me dejaran poner cinco no me interesaría», reconoce Ruth González, del Mesón Galeón, que recibe 670 euros mensuales por el cese de actividad, mucho menos de lo que paga.

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