Rajoy anuncia pequeños retoques a la hora de reformar la Ley de Extranjería

Respecto al encierro de 350 inmigrantes en una Universidad de Sevilla y la decisión de su rectora de no pedir al Gobierno la intervención policial, Rajoy señaló que «entonces no intervendremos, nosotros estamos naturalmente a lo que diga la rectora, hasta ahí podíamos llegar». «Si cualquiera de ustedes, en su casa, son invadidos por alguien y se dirigen al Ministerio del Interior, yo automáticamente procedo, porque es mi obligación, a expulsar a los que les han invadido. Ahora, si no quieren, de ninguna manera. Si ustedes no quieren que no vaya yo, yo no iré», recalcó el ministro. Sobre las decisiones que puede adoptar el Consejo europeo de Sevilla, el vicepresidente primero descartó que en esta cumbre se estudien los nuevos países a los que se les puede imponer la necesidad de visados ya que, dijo, «no veo este asunto encima de la mesa» ni en la agenda europea. También dijo que no le consta que se vayan a imponer sanciones a terceros países de paso de inmigración ilegal. Sobre los contingentes y el reducido número de contratos que se han firmado, Rajoy consideró que es un mecanismo útil, pero sostuvo que son los empresarios los que deciden contratar o no y que el Gobierno no va a obligarles a ello. Sostuvo que la inmigración es el fenómeno más importante que tiene planteada la Unión Europea para los próximos 50 años y señaló que debe haber una política de inmigración común pues «sería un disparate que no fuera así». «O todos controlamos las fronteras o basta que uno no lo haga para que no sirva de nada», explicó Rajoy. También estimó necesario la existencia de un visado común europeo y la firma de acuerdos de readmisión de toda la UE con terceros países. El vicepresidente primero recordó que la anterior Ley de Extranjería era un «disparate», pues España era el único país de la UE que no podía expulsar a los inmigrantes ilegales, lo que era «absolutamente insostenible». El Gobierno, al menos a corto plazo, no ampliará la lista de los 138 países a los que ahora exige visado, una medida que la UE estudia desde hace meses como instrumento para combatir la inmigración ilegal y como paso previo a la instauración del euro-visado.