Garzón consigue otra primera

Baltasar Garzón ha vuelto a tomar una decisión polémica y probablemente no ajustada a derecho. Establecer una responsabilidad penal o civil en función de la vinculación política supuesta de los autores de un delito que ha causado perjuicios a terceros, no es el cauce adecuado para garantizar los derechos de los acusados, porque en nuestro ordenamiento penal las responsabilidades por delitos son personales. Sin duda es un atajo judicial más de Garzón que le proporciona otra vez notoriedad. Desde hace mucho tiempo, el reto de nuestra democracia es establecer las responsabilidades directas en la trama civil de ETA. Investigar su ingeniería financiera, sus mecanismos de organización interna y los apoyos externos de la organización. Es decir, delimitar con claridad la vinculación orgánica de la simpatía política. Esta, la identificación política, no puede ser delito, porque afortunadamente en España, a diferencia de los sistemas totalitarios, no hay delitos de pensamiento ni de simpatía. Puede haber delitos basados en la expresión de una opinión, siempre que se constituyan en apología o colaboración con el terrorismo, la xenofobia o alguna otra conducta que este tipificada como delito. Baltasar Garzón, que es un juez demasiado reiterativo en sus intentos de protagonismo e innovación, ha vuelto a querer adelantarse al Parlamento, instaurando una especie de ley propia para criminalizar a los partidos políticos, antes de que la ley nueva entre en vigor. Luego vendrá la sala de la Audiencia o el Tribunal Constitucional restableciendo los derechos vulnerados por el magistrado Garzón, que paradójicamente, a pesar de estar especializado en cercenar garantías procésales, se postula incansable para el premio Nóbel de la paz. Y quien sale perdiendo de estas aventuras del ''juez estrella'' es la credibilidad de nuestro sistema. Un país serio no depende de un solo juez. Baltasar Garzón lleva demasiados años en la Audiencia Nacional, viajando de la política a la justicia.