La abstención de Batasuna permite a Ibarretxe el autogobierno en 60 días

El portavoz de la Mesa Nacional de Batasuna, Arnaldo Otegi, afirmó ayer que la abstención de su formación en la votación del dictamen del tripartito en la reunión de la ponencia sobre autogobierno «no es gratuita», sino que esta postura responde a que el texto aprobado recoge unos «mínimos» que la coalición abertzale había planteado. «Esos mínimos son los que aquí estamos planteando, Euskal Herria, siete territorios, marco democrático nuevo, marco jurídico nuevo y derecho a la libre determinación», explicó. Para los tres grupos del Gobierno, «el sentir mayoritario de la ciudadanía entiende que hoy ha desaparecido el consenso político que se dio en torno al Estatuto, dada la manifestación palpable de su incumplimiento, y esa situación es importante a la hora de exigir lealtad al propio Estatuto». Para PNV, EA e IU es el Gobierno español «el que ha propiciado unilateralmente el bloqueo del proceso transferencial», por lo que le insta a que en un plazo no superior a dos meses, «defina un proyecto operativo y calendario de cumplimiento y desarrollo completo del Estatuto». De no darse una respuesta en dicho plazo, «asistirá a la sociedad vasca el derecho de entender que el Estado habrá quebrado definitivamente y de manera unilateral el consenso estatutario». En ese caso, pasados los dos meses el Parlamento instará al Gobierno vasco «a que adopte las medidas que procedan para garantizar el cumplimiento del Estatuto y el pleno ejercicio por las instituciones vascas de las competencias asumidas en el texto estatutario, con independencia de los procesos transferenciales que dependen de la voluntad del Estado», es decir, sin que se negocie el traspaso sino asumiéndolas de hecho. Por otra parte, y al igual que se defiende en su programa de gobierno, PNV-EA e IU abogan por la autodeterminación y creen que «la construcción de un consenso mayoritario en la actualización del pacto estatutario requiere hoy la base mínima de la aceptación de un nuevo pacto político con el Estado español, que incorpore nuevas fórmulas de relación». Los tres grupos consideran necesaria la ratificación por la sociedad vasca del marco que sea propuesto por las fuerzas políticas, desde «el reconocimiento del derecho de la sociedad vasca a ser consultada para decidir su futuro». La intención del lendakari, Juan José Ibarretxe, de asumir de forma unilateral las competencias cuya transferencia aún tiene pendiente el País Vasco, ha sido calificada por diferentes expertos constitucionalistas como una práctica «ilegal» y «una absoluta barabaridad». Según establece la normativa recordada por uno de estos entendidos, el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba, la cesión de estas competencias ha de ser fruto de una negociación con el Ejecutivo Central. Los expertos no creen que esta iniciativa tenga consecuencias ya que, a su juicio, es muy difícil que se lleve a la práctica.