Diario de León

Los condenados alegan como causas para el indulto la enfermedad grave y la edad avanzada

Hachuel, Garro y Pérez Escolar piden la suspensión de la condena

El ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar y el financiero Jacques Hachuel, los dos condenados de más edad del caso Banesto, además del ex director ge

Rafael Pérez Escolar, a su llegada a la cárcel de Alcalá-Meco en un furgón de la Guardia Civil

Rafael Pérez Escolar, a su llegada a la cárcel de Alcalá-Meco en un furgón de la Guardia Civil

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Efe - MADRID.

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Por el momento, sólo el ex director general de Banesto, Fernando Garro, condenado a seis años por un delito de apropiación indebida, permanece el libertad, si bien hoy se presenta en la Audiencia Nacional para, en virtud de la ejecución de la condena, ser encarcelado, según fuentes de su defensa. Garro, que ayer se desplazó junto con su familia a su lugar habitual de vacaciones y que regresará mañana, ha presentado en la Audiencia Nacional a través de su abogado una solicitud de suspensión de la condena, y ha anunciado que pedirá al Gobierno el indulto. La defensa de Pérez Escolar, por su parte, argumentó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el ex consejero, de 75 años y que permanece ingresado en el módulo de enfermería de Alcalá-Meco, sufre una «enfermedad grave o incurable». La Sala de lo Penal ha contestado que antes de adoptar una decisión al respecto deberán reconocerle dos forenses, para determinar si realmente al enfermedad es grave o incurable, y tendrá que pronunciarse el fiscal. El financiero Jacques Hachuel, condenado a cuatro años de cárcel, argumenta, por su parte, su avanzada edad, 73 años, y a la poca duración de su condena, cuatro años. La defensa del financiero anunció ayer, además, que va a recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, y que pedirá el indulto para su cliente, quien ya devolvió el dinero que le reclamaba Banesto por la llamada operación Carburos Metálicos, 1.344 millones de pesetas. Esta petición no ha impedido el encarcelamiento, ayer mismo, de Hachuel, dado que antes de que se pronuncie la Audiencia Nacional sobre la suspensión, el Ministerio Fiscal debe emitir el informe correspondiente. La Audiencia Nacional, por su parte, comenzó ayer a devolver la parte de la fianza de los condenados del caso Banesto que fue prestado por terceros, y que en el caso de Mario Conde supuso la mitad de los 500 millones de pesetas que se le exigió tras ser condenado por la Audiencia. De todos los condenados, Mario Conde es al que se le ha impuesto una pena mayor, 20 años y dos meses de cárcel, si bien fuentes jurídicas han indicado que el ex banquero cumplirá como máximo 18 años y tres días de cárcel. Ello se debe a que el artículo 76 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que un condenado solo cumpla el triple de la pena máxima que se le haya impuesto, que en este caso es de seis años y un día. La sentencia dada a conocer ayer por el Supremo generó reacciones en el ámbito político, como la Rajoy, quien consideró que estas decisiones judiciales pueden ayudar a los pequeños inversores a recuperar la «confianza». Rajoy manifestó en Santander que el Gobierno «se limita a acatar y respetar las decisiones de los órganos jurisdiccionales», sin «hacer ningún tipo de valoración al respecto». El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, afirmó que la sentencia sobre el caso Banesto debe «servir de guía y de aviso» a empresas y sus responsables ante «tantas irregularidades como se están viendo ahora en la gestión». Desde el Congreso, Caldera consideró que el Tribunal Superior, con su sentencia, ha hecho justicia, si bien «se ha producido una importante lentitud en la tramitación de ese sumario».

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