La Policía desaloja a los 270 ilegales encerrados en la Universidad de Sevilla

El desalojo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se produjo sin incidentes y, pese a que la mayoría de los inmigrantes fueron conducidos a las dependencias de la policía, ocho de ellos, que presentaban un delicado estado de salud, fueron conducidos en ambulancias hasta distintos centros médicos. En las instalaciones policiales, los inmigrantes fueron alojados en un gran salón de suelo de parqué y esposados con unos grilletes de un material especial, «tal como establece la ley», una especie de cuerdas de plástico, según explicó un portavoz de la Policía, que aseguró que los detenidos permanecerán en comisaría hasta que se esclarezca la situación legal de cada uno de ellos. Algunos de los inmigrantes serán repatriados, otros expulsados y los más afortunados conseguirán la regularización. No obstante, el Ministerio del Interior «aplicará escrupulosamente las medidas legales que resulten procedentes en cada uno de los casos», según un comunicado del Gobierno. Petición del Defensor El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, quién desde el primer momento se ofreció y actuó como intermediario entre los inmigrantes y las autoridades para conseguir que 201 expedientes sean estudiados de nuevo, pidió al Gobierno «generosidad» con los ahora detenidos porque «no hay que olvidar que han estado engañados, que vinieron a un encierro en el que se les prometió papeles para todos, que han llegado de países que es muy difícil sobrevivir y ahora llega el momento de la generosidad sobre todos con aquellos que están en peor situación, y a los demás que se les aplique la Ley de Extranjería» por si pudieran conseguir regularizar su situación. Chamizo mostró su acuerdo con la intervención policial porque «no es lo más deseable, no es la mejor solución, pero no había otra, no se podía hacer otra cosa». Una opinión compartida por el rector en funciones de la Universidad, Juan Fernández, quien pidió al ministerio que procediera al desalojo de las instalaciones docentes. En un comunicado, la institución académica, que concluye afirmando que «seguimos creyendo que otro mundo es posible», asegura que «el derecho a la vida de estos inmigrantes ha estado en peligro en los últimos días, pues ni siquiera a los enfermos les han permitido abandonar el campus para recibir atención médica hospitalaria, amenazándoles con que serían detenidos». La Pablo de Olavide argumenta que el desalojo era necesario porque la «convivencia entre ocupantes y universitarios era imposible» y porque «se tenía conocimiento de que un grupo de inmigrantes ejercía sobre el resto amenazas que impedían a muchos de ellos colaborar en el procedimiento abierto por el Defensor del Pueblo andaluz». En el comunicado, la institución asegura que «la violencia interna en el seno del grupo de encerrados ha sido denunciada en el Juzgado de Guardia por las autoridades de la universidad».