Garzón firma hoy el certificado de defunción del brazo político de ETA

Los documentos incautados en 1998 a José María Dorronsoro permitieron el cierre del diario Egin y bosquejar la teoría que el fenómeno terrorista es algo más que la actuación de una serie de comandos, un complejo entramado en que el aparato político juega un papel determinante de co-dirección subordinada de toda la organización ETA-KAS. Desde entonces, cada golpe a alguna de las organizaciones afines o vinculadas a la entonces denominada Herri Batasuna supuso, además, la recopilación de nuevas pruebas con las que estrechar el cerco al entramado sociopolítico que apoya desde la legalidad la actividad de ETA. Casi cuatro años después, dos informes elaborados por la Unidad Central de Información (UCI), grupo de élite en materia de investigación antiterrorista de la Policía, y un contundente informe rubricado por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, que resume el trabajo de otros tres compañeros en distintos sumarios, permitirán al juez Garzón suspender la actividades de la coalición abertzale. Sus sedes serán cerradas, su patrimonio puesto a recaudo judicial. Desde el lunes, Batasuna no podrá convocar actos públicos, ni hacer propaganda de sus postulados, al menos durante cinco años y hasta que el Tribunal Supremo confirme, si se produjese, la disolución de la coalición por su integración en ETA. Tampoco podrá presentarse a las próximas convocatorias electorales. Al menos, bajo ese mismo nombre. El magistrado de la Audiencia Nacional ya tuvo hace años un esbozo del auto de suspensión de actividades de Herri Batasuna. Pero al final optó por no precipitarse, sobre todo porque la coalición, alertada por anteriores resoluciones del instructor, cambió su nombre por el de Euskal Herritarrok. El pasado año, y temerosos de que se reprodujese el riesgo, los dirigentes abertzales bautizaron a su coalición como Batasuna para concurrir a las elecciones autonómicas. La resolución que adoptará este lunes el juez Garzón, de hecho, no impide a los actuales dirigentes y miembros de Batasuna comparecer en la próxima convocatoria electoral bajo otro nombre. Pero es en ese punto donde jugará su papel la recién estrenada Ley de Partidos Políticos. Complemento PP y PSOE ya han cerrado el acuerdo que enmienda la resolución que reclamará del Gobierno la presentación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo de una demanda de ilegalización contra Batasuna. Las modificaciones se limitan a introducir el listado de supuestos ya conocidos de incumplimientos por parte de la coalición abertzale de la ley de Partidos desde su entrada en vigor. Confirmada la posición de las distintas fuerzas parlamentarias, la resolución será aprobada por una amplia mayoría. La joven norma incluye en su artículo 12.1.b las cautelas que cubren las carencias del proceso penal impulsado por el juez Garzón. Ese punto prohíbe de manera expresa el fraude de ley, es decir, la actuación de Batasuna una vez ilegalizada al amparo de un nombre distinto. Ni siquiera sería necesario instar un nuevo proceso ante órgano judicial alguno: el artículo 12.3 prevé que la mera aportación de pruebas ante el Supremo permitiría a este tribunal impedir la actuación de cualquier tipo de organización heredera de la ilegalizada Batasuna. La actuación de Garzón y la aplicación de la ley de Partidos se convierten así en mecanismos no paralelos, sino complementarios. La demanda del Gobierno puede llegar al Supremo el mismo lunes 2 de septiembre, primer día hábil tras las vacaciones judiciales.