El Congreso reivindica en bloque el fin del brazo político de los terroristas

Los 334 diputados que acudieron al pleno extraordinario del Congreso -apenas faltaron 16- se vieron arropados, además, con la presencia de la presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, y tres presidentes autonómicos: dos del PP, Alberto Ruiz Gallardón y el valenciano José Luis Olivas, y uno del PSOE, José Bono. El Ejecutivo, asimismo, acudió en pleno, con la única ausencia del titular de Medio Ambiente, Jaume Matas, de viaje oficial en la Cumbre de la Tierra. Y hasta un ausente habitual, el ex presidente del Gobierno Felipe González, acudió al hemiciclo para votar, si bien no estuvo presente en el debate previo. En la votación saltó la anécdota de la tarde con las abstenciones, involuntarias, del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, y el diputado del PP Juan Antonio Muñoz. El Congreso aprobó así la proposición no de ley de populares y socialistas que solicitó al Ejecutivo que plantee la ilegalización de las tres denominaciones de Batasuna por «entender que en su actividad ha vulnerado los principios democráticos al haber incurrido de forma grave y reiterada en alguno de los supuestos contemplados en el artículo nueve de la ley de partidos». El texto fue enmendado por los dos partidos proponentes para sustentar su petición con el argumento de que Batasuna y sus anteriores denominaciones han demostrado «desde su creación una trayectoria de quiebra y ofensa a los principios y valores democráticos» mediante «una política tendente a legitimar y justificar tanto la existencia como las acciones delictivas de la banda terrorista ETA» con la finalidad de «favorecer, generalizar y multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo generado por la misma, colaborando con ello a fomentar un clima de intimidación generalizado». La enmienda recogió también ocho de los casos más significativos de los 23 detallados en el informe del Ministerio de Justicia, a los que se añadió el último episodio de las amenazas del portavoz de la formación radical, Arnaldo Otegi, quien advirtió el pasado miércoles al ''lehendakari'' Juan José Ibarretxe que «ni se le pase por la cabeza» colaborar en la ilegalización de su partido. «Estamos muy satisfechos», sostuvo el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que fue el encargado de expresar el sentir del Gobierno tras la histórica votación de la Cámara Baja, en la que por primera vez se reclamó la proscripción de una fuerza política legal que ha estado acreditada en el Congreso en, al menos, cuatro legislaturas, aunque sus intervenciones fueran esporádicas. Rajoy explicó que el Consejo de Ministros aprobará en su próxima reunión presentar la solicitud de ilegalización «a la mayor brevedad posible», y será la Abogacía del Estado la que elaborará el escrito para la Sala Especial del Supremo «en la primera semana de septiembre». Esta demanda, que será acompañada de otra con similares razonamientos de la Fiscalía General del Estado, tratará de probar con argumentos «de hecho y de derecho» que Batasuna es «una prolongación de ETA» y que, en consecuencia, procede su exclusión de la legalidad, según explicó después del debate parlamentario el titular de Justicia, José María Michavila, quien también subrayó que hoy fue «un gran día para la democracia» gracias al paso dado por el Congreso. El ministro de Interior, Ángel Acebes, en cambio, prefirió afirmar que fue «un gran día para las víctimas del terrorismo». El informe de los juristas recogerá el estudio que se presentó la semana pasada, y que desgrana los casos de violación de la ley de partidos por parte de Batasuna desde su entrada en vigor.