El Fiscal General se querella contra Batasuna de San Sebastián y Zaldibia

Tras la muerte en Bilbao del etarra Hodei Galarraga, a quien le estalló la bomba que transportaba, el Ayuntamiento d eZaldibia lo nombró «hijo predilecto» d ela localidad, sus vecinos le rindieron un ho enjae y el Consistorio, gobernado por Batasuna, se hará cargo de los gastos de su entierro. Ante estos hechos, el fiscal general del estado, Jesús Cardenal, ordenó la presentación de dos querellas, una contra el Ayuntamiento y los concejales de Zaldibia (Guipúzcoa) y otra contra los concejales del Ayuntamiento de San Sebastián por portar pancartas co tra la Guardia Civil. En este caso, la denuncia sería por un presunto delito de injurias, mientras que en el caso de Zaldibia se presentaría por «exaltación del terrorismo», hecho tipificado como delito tras la reforma dle Código Penal en diciembre de 2000. Según informaron fuentes de la Fiscalía, la querella fue presentada ayer ante el Juzgado de Tolosa, al que se solicitará que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional porque sería el tribunal competente para investigar estos hechos, que se incluyen dnetro del capítulo de terrorismo. El ministro de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, ya había advertido de que homenajear a terroristas es un acto «claramente delictivo». También el ministro del Interior, Ángel Acebes, ha considerado el homenaje realizado en Zaldibia al presunto etarra muerto como un acto delictivo y «absolutamente intolerable». El ministro aseguró que tras acciones como esta hay que aplicar todos los instrumentos del Estado de Derecho para castigar estos actos, y añadió que «donde Batasuna gobierna se produce corrupción y degradación moral que hay que evitar». Acebes ha recordado que el Código Penal castiga los homenajes a etarras y recordó que estos recordatorios tuvieron lugar «mientrs las víctimas, en soledad, tienen que llorar a sus muertos». Mientras, los incidentes se suceden. Ayer por la mañana, los ediles de Batsuna del Ayuntamiento de Bilbao fueron desalojados por la Policía Municipal antes de que comenzase el Pleno por negarse a quitarse las camisetas que portaban con el lema «Fascismo fuera» los cuatro concejales de Bizkaiko Sozialistak Abertzaleak, denominación que adoptó Batasuna ante su ilegalización.