El Ejecutivo de Vitoria alega que «restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos»

El Gobierno vasco recurre la Ley de Partidos porque refuerza a Batasuna

Un día antes de que se cumpliera el plazo, el Gobierno Vasco presentó el viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Par

Josu Imaz

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Efe - VITORIA.

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Según informó la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico en un comunicado, entre los fundamentos jurídicos que recoge el recurso se incluye también que la Ley de Partidos Políticos «fuerza al extremo el principio de separación de poderes». El registro del recurso por parte del Gobierno Vasco se produce después de que el 5 de septiembre, PNV y EA presentaron en el Parlamento Vasco una iniciativa en la que proponían que fuera esta institución la que lo interpusiera, pero su socio de Gobierno, IU-EB, recordó su preferencia porque lo presentara el Gobierno Vasco en lugar del Parlamento, para evitar así que la presencia de Batasuna «distorsione» el debate. En su recurso, el Gobierno de Vitoria alega que la Ley «restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos», tales como el de asociación política, libertad ideológica y participación en los asuntos públicos«, así como los recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950. Para el Gabinete Ibarretxe, la Ley de Partidos también contiene obligaciones y límites contrarios al pluralismo político y que, además, «se superponen y duplican» los establecidos en el Código Penal, al sancionar conductas ya castigadas como delitos en el Código Penal, entre las que se citan en el recurso los de asociación ilícita, apología del terrorismo, enaltecimiento o colaboración con banda armada. En opinión del Gobierno Vasco, la Ley de Partidos no se atiene a los principios de legalidad penal y proporcionalidad, ya que define las causas de ilegalidad a través de formulaciones »abiertas, imprecisas y redundantes«, y tampoco garantiza la presunción de inocencia, por lo que »afecta al derecho de tutela judicial efectiva«. Por todo ello, la Vicepresidencia vasca concluye que el recurso tiene el objetivo de «preservar una serie de derechos, libertades y garantías fundamentales».

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