El Tribunal Supremo admite a trámite la ilegalización de Batasuna

La admisión a trámite de las dos querellas supone en la práctica el comienzo del proceso judicial que podría concluir con la expulsión de Batasuna del universo político español por incumplir los preceptos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Proceso que, de momento, no afecta a las anteriores marcas electorales de la coalición radical vasca -Herri Batasuna y Euskal Herritarrok-, cuyos nombres también figuran en las peticiones de ilegalización del Ejecutivo y la Fiscalía. Los edictos con los que el Supremo debe notificarles las demandas y emplazarles para presentar alegaciones aún no han sido publicados en los boletines oficiales de Vizcaya y Guipúzcoa, donde ambas formaciones tienen sus sedes. Por eso, HB y EH siguen sin darse por enterados. Batasuna se personó el pasado miércoles ante el alto tribunal y designó a los abogados Iñigo Iruín y Adolfo Araiz como sus representantes legales en este proceso. Desde hoy, tendrán 20 días para solicitar las pruebas o declaraciones que consideren necesarias para su defensa. Transcurrido ese plazo, los magistrados de la Sala del artículo 61 se reunirán de nuevo y decidirán si autorizan o no la práctica de esas diligencias. A continuación comenzará la fase de instrucción y con ella las investigaciones sobre el comportamiento de la coalición «abertzale» desde el pasado 27 de julio, cuando el Congreso aprobó la Ley de Partidos. Una delegación de la Sala Especial nombró el 5 de septiembre al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco Hernando, ponente de la demanda del Gobierno, y al presidente de la Sala Civil, Ignacio Sierra, ponente de la petición de la Fiscalía. Si el Supremo opta en el futuro por unificar las dos demandas, será Hernando quien se encargue de conducir todo el pleito, ya que la iniciativa del Ejecutivo fue la primera en llegar al registro del Supremo. Responsables del Segi Asimismo, la Audiencia Nacional avaló ayer de nuevo las investigaciones del juez Baltasar Garzón sobre Batasuna al confirmar la responsabilidad civil solidaria de la formación política respecto de los daños causados por miembros de SEGI en acciones de violencia callejera por más de 24 millones de euros. La sección primera de la sala de lo penal de este tribunal, la misma que el pasado martes ratificó la suspensión de actividades de Batasuna, afirma que «viene sosteniendo el Juzgado (Garzón), y esta Sala lo tiene confirmado, la existencia de indicios racionales (...) de que Segi y sus antecesoras, como Batasuna y las suyas, están integrados en una misma organización que es ETA-Militar». Añade que, bajo la dirección de ésta, se han producido «sinergias e instrumentaciones mutuas» entre la organización juvenil y la coalición abertzale, y que el juez dice que, respecto a la violencia callejera, «se ha producido una interconexión Segi-Batasuna», de donde se desprende «la necesidad de adoptar contra Batasuna medidas aseguratorias de la responsabilidad civil». En el auto notificado ayer, contra el que no cabe recurso, el tribunal asegura asimismo que la responsabilidad civil señalada por el juez, solidaria y no subsidiaria, está plenamente justificada, y dice que es «la adecuada al caso que nos ocupa, ya que el actuar natural y dañoso es achacable no sólo a los individuos, sino también a Segi-Batasuna». La resolución recogía un listado de cuarenta y seis acciones de violencia callejera ocurridas con ocasión de convocatorias realizadas por SEGI entre julio de 2001 y por las que están imputados una docena de dirigentes de la organización.