El Congreso tramitará la ley de seguridad para los ediles vascos sin la oposición de ningún grupo
El pleno del Congreso admitió ayer a trámite la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales con el apoyo de toda la Cámara, salvo la abstención de PNV, EA y ERC, aunque con dudas de la mayoría de los grupos sobre algunos aspectos del texto. Todos los portavoces expresaron su apoyo unánime a las medidas referidas a la protección de concejales que figuran en la proposición de ley, aunque la mayoría mostraron sus dudas sobre el resto de las iniciativas incluidas en el texto, como la disolución de ayuntamientos o retirada de subvenciones públicas, y criticaron el método elegido por PP y PSOE para llevar el texto al Parlamento. Además de los dos grupos mayoritarios, CiU, IU, CC, BNG, CHA y PA apoyaron la toma en consideración del texto, mientras que PNV, EA y ERC se abstuvieron, en una votación que se saldó con 299 votos a favor y 9 abstenciones. La proposición de ley, que inicia su tramitación parlamentaria con el objetivo de estar en vigor antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas, prevé la reforma de seis textos legales (Código Penal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Enjuiciamiento Criminal, Financiación de Partidos Políticos, Régimen Electoral General y de Régimen Local). El portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes, presentó esas reformas legales para garantizar la democracia municipal como un «compromiso profundo» con los ediles amenazados por ETA, con la libertad y el pluralismo, y con toda la sociedad, que es atacada cada vez que lo son estos concejales. También el dirigente socialista Alvaro Cuesta aseguró que la iniciativa, aprobada en el seno del Pacto Antiterrorista, se ha formulado «con el ánimo de obtener el mayor apoyo posible» de la Cámara y recordó que ante la «depuración política» existente en Euskadi y Navarra los partidos políticos tienen el deber moral de apoyar a los concejales. La posibilidad de disolución de los ayuntamientos suscitó las protestas de todos los grupos, salvo los firmantes y Coalición Canaria, y así el portavoz adjunto de CiU Manuel Silva calificó de «inadmisible» el que se cuestione «el principio básico de que el control sobre los ayuntamientos lo ejercen las comunidades autónomas». Silva dijo tener también algunas dudas sobre la forma en que se articula la retirada de subvención pública a grupos políticos, aunque reconoció que a su grupo «no le repugna» que determinadas conductas llevan aparejada la pérdida de ayudas públicas.