El PP obliga a dos de sus diputados a que renuncien a asesorar empresas

López-Amor, portavoz popular en la Comisión de Infraestructuras y ponente de la Ley del Suelo, pidió autorización a la Cámara para formar parte del Consejo de Administración de Inmobiliaria Chamartín. González, miembro de la Comisión de Justicia e Interior y presidente de la de Defensa, aspiraba a recibir el visto bueno a su labor de asesor de la firma Seguridad España. Los dos diputados del Partido Popular pidieron la compatibilidad de sus cargos antes del verano y la comisión del Estatuto del Diputado dictaminó favorablemente la solicitud, el pasado 16 de octubre, junto con la de otros muchos parlamentarios que comunicaron a la Cámara sus nuevas actividades privadas. El pleno del Congreso tenía previsto aprobar este jueves, como siempre a puerta cerrada, la autorización de compatibilidad para ambos diputados. Pero tras conocerse públicamente sus actividades, el PP les obligó a renunciar a dichos cargos. López-Amor y González anunciaron esta decisión después de reunirse, ayer miércoles por la mañana, con el portavoz del grupo parlamentario popular, Luis de Grandes, que comentó el asunto con el vicepresidente primero, Mariano Rajoy. Fuentes de la Comisión del Estatuto del Diputado -en la que todos los grupos parlamentarios dieron el visto bueno al dictamen, por asentimiento- explicaron que el escaño en el Congreso es legalmente compatible con los cargos que los diputados del PP pretendían ocupar en las empresas privadas mencionadas, aunque admitieron que es «éticamente reprobable». El requisito para mantenerse dentro de la legalidad vigente era que la empresa de la que López-Amor quería ser consejero -Inmobiliaria Chamartín- no celebrara contratos con la Administración. González, por su parte, debía abstenerse de asesorar a Seguridad España en asuntos que fueran objeto de contrato con la Administración. López-Amor, que compareció en rueda de prensa con González para comunicar su renuncia, insistió en que sus pretensiones se ajustaban a la ley y explicó que «cuando se cumple el principio de legalidad no se puede hablar de ética». Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Jesús Caldera, afirmó que pretender hacer compatibles estas actividades privadas con el escaño de diputado es «dudosamente legal y éticamente inadmisible». Los parlamentarios del PP recordaron que el dictamen favorable de la Comisión del Estatuto fue aprobado por todos los grupos, mientras que Caldera hizo autocrítica y reprochó al portavoz socialista, Joan Marcet, no haber sido más «diligente». Joan Marcet alegó, por su parte, que la comisión emite un dictamen técnico mientras que el voto político se expresa en el pleno de la Cámara. Lo más probable es que en la sesión de este jueves el pleno someta a votación todo el dictamen a excepción de los puntos referidos a los casos de los diputados del PP que retiraron sus peticiones de compatibilidad.