Cinco detenidos de dos familias por vender a dos niñas para casarlas
La Policía Nacional detuvo ayer en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a cinco personas, miembros de dos familias, por concertar matrimonios forzados con sus hijas, menores de edad, a las que vendieron.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia formulada por la inspección de la Consejería de Educación de Extremadura después de que el colegio público de Fuente del Maestre (Badajoz) alertara del repentino absentismo escolar de dos niñas de origen rumano que acudían al centro.
Las pesquisas de los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras les condujeron a Ciudad Real, ante la sospecha de que la familia de las pequeñas podría haberse trasladado a la provincia manchega. La policía averiguó que las dos hermanas mayores, de 14 y 15 años, habían contraído matrimonio recientemente mediante el rito rumano localizando a la mayor en Almendralejo (Badajoz). Además, la hermana pequeña, de tan sólo 12 años, estaba siendo preparada para su casamiento.
Los agentes consiguieron averiguar que la niña de 14 años residía junto a su familia política en Herencia (Ciudad Real) y que otra de las hermanas y sus padres vivían en un pueblo próximo. Por ello, se pusieron en marcha dos operaciones policiales, bautizadas con los nombres de ‘Bucarest’ y ‘Nunta’ (boda en rumano), que finalizaron en Alcázar de San Juan con la detención de tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 48 años, miembros de la familia de las niñas y de la familia política de una de ellas, como presuntos autores de tres delitos de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonios forzados. En concreto, fueron detenidos los progenitores de las dos niñas, el marido de la niña de 14 años y sus padres. Todos están en libertad con cargos, pero se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel.
Según la policía, las dos menores fueron obligadas a casarse, percibiendo por ello a cambio unos 7.000 euros. Una vez casadas, las menores abandonaron la escuela y su entorno familiar, desplazándose a vivir con sus nuevas familias políticas, donde realizaban tareas domésticas hasta que alcanzaban la edad mínima legal para obtener un contrato de trabajo y contribuir así económicamente al sostenimiento familiar.