El Tribunal de Cuentas decidirá en dos días si embarga a los encausados del ‘procés’

Ultimátum del Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas que están siendo investigados por el presunto desvío de fondos públicos para la internacionalización del proyecto secesionista entre 2011 y 2017.

Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la treintena de exmiembros del Govern y exaltos cargos del Ejecutivo catalán tienen dos días hábiles, hasta el lunes a medianoche, para presentar toda la documentación de la fianza por valor de 5,4 millones que les ha impuesto el órgano fiscalizador de forma provisional. De lo contrario, «procederá a embargarles sus bienes». En realidad, el plazo acababa el jueves, pero todas las partes se han dado más tiempo para salir de dudas.

Cuatro de los 34 encausados presentaron bienes inmuebles como garantía, mientras que el resto se acogieron al aval presentado por el Govern a través del Instituto Catalán de Finanzas. «Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas», afirmaron desde la Consejería de Economía.

No obstante, el organismo fiscalizador aseguró que la documentación recibida por vía telemática y los escritos presentados solo constituyen «anuncios», pero no iban acompañados por los avales. A lo largo del este viernes los abogados tienen previsto presentar toda la documentación original que se les exige. Las partes habían pedido una prórroga y la delegada instructora del Tribunal de Cuentas lo ha concedido. En cuanto tenga todos los avales sobre la mesa, decidirá si acepta la fórmula de la Generalitat, que consiste en avalar la operación con dinero público a través del Instituto Catalán de Finanzas. Si rechaza esta fórmula, los encausados tendrán que avalar las fianzas con su propio patrimonio o serán embargados.

La Generalitat afirmó que no ve «ningún motivo» para que Tribunal deniegue el aval del ICF porque es un decreto «sólido jurídicamente». Cs, en cambio, presentó un recurso a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que no lo acepte pues considera que se trata de una «maniobra burda».

Fuentes del organismo señalaron que «no se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo». Apuntaron además que si lo hiciera, podría admitir fianzas o depósitos más allá del plazo dado inicialmente. Cuentas aclaró que las fianzas y los embargos son «medidas cautelares hasta que haya sentencia firme». No implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata, como han llegado a decir los líderes independentistas, acusando al ente fiscalizador de dejar a sus hijos sin casa y en la calle. Es una medida cautelar cuyo objetivo es «garantizar» que ante una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.