«ETA continuará hasta su eliminación física o la expulsión del territorio vasco»

La querella de Dignidad y Justicia presentada este martes ante la Audiencia Nacional y que reclama la imputación de diez exdirigentes de ETA por la «expulsión forzada» de miles de personas del País Vasco y Navarra tiene como eje principal un vasto informe de la Policía Nacional que repasa 26 años de comunicados y amenazas de la banda terrorista a sus víctimas para forzar su huida. El documento policial, que lleva por título ‘Sobre los objetivos perseguidos por la banda terrorista ETA desde su constitución hasta hoy’ y que fue remitido en diciembre de 2014 a la Audiencia Nacional, analiza las ‘justificaciones’ de los terroristas a una cincuentena de asesinatos entre 1977 y 2003. Atentados, relata el documento, que fueron cometidos primero en el marco del punto 3 de la ‘Alternativa KAS’ de ETA de 1976 que marcaba textualmente que «los que se oponen serán barridos» y luego dentro de la ofensiva Oldartzen aprobada por HB en 1994 y en la que se abogaba por «socializar el sufrimiento» poniendo en el centro de su diana a la clase política no nacionalista.

El informe policial de la querella por el asesinato de Juan María Pedrosa —concejal popular de la localidad vizcaína de Durango— por negarse a marcharse de Euskadi recoge exactamente 37 declaraciones expresas de ETA de que sus asesinatos tenían como propósito principal el exilio forzado de cualquiera que se les enfrentara. «ETA continuará golpeando hasta su total eliminación física o la expulsión de territorio vasco», fueron las palabras textuales del primer comunicado conocido defendiendo la política de «limpieza étnica» emitido en diciembre de 1977 tras el asesinato del concejal de Irún Julio Martínez Ezquerro.

En octubre de 1978, tras el asesinato del guarda forestal Ramiro Quintera, la banda emitió un comunicado en el que «reafirmaba una vez más que continuará atacando a todos los elementos antivascos y antipopulares que permanezcan en Euskadi al servicio de la represión, hasta su total expulsión de las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur».

«La única manera que tienen los miembros de la Guardia Civil, la Policía Armada y el Cuerpo General de Policía y los confidentes a su servicio, así como sus familias, de recuperar su ansiada tranquilidad y mantener su integridad física, es abandonando cuanto antes las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur», fue el comunicado lanzado tras el asesinato del obrero Epifanio Vidal.

«Por las malas»

El listado del informe policial está plagado de todo tipo de amenazas, casi siempre emitidas tras el asesinato de un político, un uniformado o una persona que los terroristas consideraban incómoda, y al que casi siempre acusaban de ser un confidente: «Solo les resta una solución, marcharse fuera de las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur. En caso contrario corren el riesgo de ser, poco a poco, pero inexorablemente eliminados, uno por uno o en grupo»; «vamos a obligarles, si no se puede por las buenas, por las malas, a que abandonen definitivamente las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur»; «la total eliminación física o la expulsión del territorio vasco es condición imprescindible para que los trabajadores vascos podamos acceder a cotas de poder obrero y popular». La táctica de las amenazas para conseguir la «expulsión forzada» tras ser explotada con fuerza en los años ochenta y decaer algo en los noventa, volvió con vigor con la llegada del nuevo siglo, según el informe de la Policía.

Las coacciones se retomaron tanto a fuerzas de seguridad como a políticos no nacionalistas. «Mientras las fuerzas de ocupación continúen en nuestro pueblo no habrá paz: ¡Que se vayan!», escribió ETA en septiembre de 2002 tras el asesinato del guardia civil Juan Carlos Beiro Montes.

La propia banda, en sus órdenes internas en plena ofensiva contra los políticos no nacionalistas en los 2000, defendió como herramienta básica de esa política de expulsión los ataques a «las sedes de las organizaciones fascistas PP y PSOE, lo mismo que sus cargos electos». En aquellas órdenes contenidas en el boletín interno Zuzen de enero de 2003, ETA situó a los representantes de esas dos formaciones como «objetivos militares» porque «consideramos que su actividad no tiene ninguna legitimidad en Euskal Herria».