El CGPJ trata de rebajar la crisis con el desbloqueo exprés del TC
Los contactos informales en el CGPJ se han multiplicado en las últimas horas para tratar de minimizar, en la medida de lo posible, el descalabro al que se encamina el Poder Judicial después de que el pasado jueves el PP diera por rotas sus conversaciones con el PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Conservadores y progresistas, todavía conmocionados por la posibilidad de que su interinidad pueda extenderse hasta dos años más ante la dificultad de acuerdos en el electoralísimo año 2023, han decidido enterrar el hacha de guerra. Y este puente de Todos los Santos han buscado contrarreloj un pacto para nombrar las dos vacantes del Tribunal Constitucional, el único órgano que ven factible desbloquear, ante la imposibilidad legal tras la reforma del pasado 20 de julio de hacer nombramientos en otros órganos mientras el consejo siga en funciones. Este mismo miércoles las llamadas telefónicas pasarán a ser reuniones informales cara a cara para acelerar esasa designaciones.
Y es que el tapón en la corte de garantías empieza a ser considerable, sobre todo por el acuerdo tácito en el Tribunal Constitucional para no resolver, ni siquiera entrar a estudiar, cuestiones de calado político desde que el pasado 12 de junio la actual composición del tribunal acabara su mandato. En el Constitucional, donde hay un pacto entre los dos sectores para no profundizar en el enfrentamiento en plena crisis judicial, se ha decidido aplazar el debate sobre recursos de mucha enjundia como el del PP contra la ley del aborto, que lleva doce años pendiente de resolución, o los amparos contra la ley de la eutanasia, la ley Celáa o el de la propia prohibición al CGPJ de hacer nombramientos en funciones.
Con este panorama, la minoría de bloqueo conservadora del consejo, que hasta ahora se había mantenido inamovible, parece haberse ablandado en las últimas horas. Lo cierto es que el CGPJ ya anduvo cercano a un acuerdo a principios de octubre para designar sus dos vacantes (las otras dos debe nombrarlas el Gobierno). Sin embargo, la dimisión de Carlos Lesmes el 9 de octubre lo paralizó todo. En el consejo dieron por seguro que el órdago del presidente iba a tener éxito y los vocales decidieron que sería ese hipotético nuevo CGPJ, cuyo nacimiento se ha vuelto a abortar, el que nombraría los dos puestos del tribunal de garantías.
Pero tras el mazazo del jueves pasado, ahora todos consideran «prioritario» al menos «salvar los muebles» con el desbloqueo del Constitucional. Los miembros de la comisión negociadora (los progresistas Álvaro Cuesta y Roser Bach, y los conservadores José Antonio Ballestero y Carmen Llombart) han ido tejiendo durante los dos últimos días nuevas bases para un rápido acuerdo que alumbre un nuevo Constitucional con una mayoría que ya se sabe que va a pasar a ser progresista y que por ley debía haberse nombrado antes del pasado 13 de septiembre.