Los huidos del ‘procés’ se valen del regreso de Ponsatí para desafiar al Estado y a la UE

La exconsejera de Educación de la Generalitat y actual eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, quedó en libertad provisional este martes en Barcelona, horas después de regresar por sorpresa a la capital catalana y ser detenida. Llevaba huida de la justicia, entre Escocia y Waterloo, más de cinco años.

La arrestó un agente de los Mossos, en presencia de su abogado, Gonzalo Boye. Iban paseando tras ofrecer una rueda de prensa, en la que la dirigente nacionalista retó al Tribunal Supremo a hacer efectiva la orden de captura que pesaba sobre ella.

La eurodiputada de Junts sirvió en bandeja su arresto al asegurar que no pensaba entregarse y que no acudiría a declarar al Supremo como hicieron en el pasado Meritxell Serret o Anna Gabriel. «¿Sabe que tengo inmunidad como europarlamentaria?», le espetó al agente. «Tiene una orden de detención», le replicó el policía.

El arresto se emitió en directo por TV3. De la misma manera que la agencia de noticias de la Generalitat retransmitió el momento en que Ponsatí cruzaba la frontera franco-española. Todo parecía estar bastante preparado. Cruzó en coche, sin pasar por el alto tribunal y sin la intención de entregarse. Desde el Colegio de Periodistas, lanzó un desafío al Gobierno, al juez Llarena y al Govern.

Desde el Parlamento Europeo, Carles Puigdemont hizo extensivo ese desafío a la presidenta de la Eurocámara. Ponsatí se ha visto beneficiada por la reforma del Código Penal pactada por el Gobierno y el Govern y que Junts ha criticado con dureza. En el nuevo auto de procesamiento emitido por el juez del Supremo Pablo Llarena tras el cambio penal, la eurodiputada de Junts dejó de estar acusada de sedición, delito que fue derogado, y pasó a estar imputada solo por desobediencia.

Este está castigado con condenas de inhabilitación y no comporta penas de cárcel, lo que ha facilitado su regreso. Ponsatí afirmó que vuelve porque cuenta con inmunidad como europarlamentaria, pero la tiene desde hace tiempo. Ha elegido el momento de volver cuando sabía que no iría a prisión. Su arresto se esperaba muy breve. El juez de guardia le comunicó el auto de Llarena por el que se anula su orden de detención y la dejó en libertad provisional. A su salida, un grupo de seguidores la recibió con gritos de «Govern dimisión». Fue informada de que tendrá que presentarse ante el Supremo el 24 de abril a las 11.00 horas para declarar como investigada.

No acudirá de manera voluntaria, por lo que obligará de nuevo al magistrado a mover ficha. «No reconozco la competencia ni la legitimidad del juez», aseveró. Si me detiene, tendrá que atenerse a las consecuencias europeas», advirtió. «No he vuelto a pactar, sino a plantar cara y denunciar la vulneración de derechos», remató. Sobre su regreso, fuentes del Gobierno hablaron de «normalidad». Pero Puigdemont vuelve a mover sus fichas para advertir al presidente Sánchez que el conflicto catalán no podrá darse por desactivado mientras no resuelva su situación. Afirmó que en esto consiste la «confrontación inteligente».

«Normalidad» y choque»

Los dirigentes de Junts buscan las «costuras democráticas» al Estado y ponen en un problema al Govern de Esquerra, al que consideran una «herramienta» de la «ocupación» del Estado en Cataluña. Puigdemont cargó contra el Ejecutivo catalán, al que tachó de colaboracionista con la «detención ilegal». ERC defiende que el diálogo con el Gobierno ha dado frutos y ha propiciado la vuelta de Ponsatí, pero desde Waterloo tratan de desbaratar esta estrategia a dos meses de las elecciones. No es baladí que la vuelta de la exconsejera se produjera este martes, un día antes del juicio a la exconsejera Meritxell Serret por el 1-O. Serret se entregó al Supremo tras huir.

Puigdemont mueve ficha para que se vean las dos estrategias: unos se rinden, otros siguen en la lucha. El desafío fue también al Europarlamento. Puigdemont apeló a su presidenta para que les ampare.