Feijóo pone el foco en la UE y quiere que se fiscalice los gastos de la presidencia española

El Partido Popular pone el foco en la presidencia de la Unión Europea que España ocupará a partir del próximo mes de julio y propone la creación en la Cámara Baja de una comisión de seguimiento que controle la ejecución de esas partidas presupuestarias y que compruebe que efectivamente dichos fondos se utilizan para lo que estén previstas.

Los de Alberto Núñez Feijóo plantean, a tan solo doce días de las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo, que todos los ministros del Gobierno que conforman PSOE y UP informen ante ese órgano de las actividades diseñadas durante el semestre en relación con las materias de su competencia y la relación pormenorizada de los gastos correspondientes. Los miembros de la comisión, si esta se acaba constituyendo, deberán también recibir información pormenorizada de los contratos, además de —como colofón a su trabajo— aprobar unas conclusiones sobre las actuaciones del Ejecutivo al frente del Consejo Europeo, que se elevarán al pleno del Congreso.

Los populares denuncian en el comunicado con el que hoy anunciaron su intención de constituir dicha comisión que los grupos parlamentarios no han sido suficientemente informados hasta el momento de los actos que van a tener lugar durante el semestre europeo. Y por esa misma razón insta a Pedro Sánchez a poner fin a esa «opacidad» y «falta de transparencia».

Génova también señala que la presidencia del Consejo de la UE «debería ser una singular oportunidad de ofrecer a los países miembros una imagen de unidad de Gobierno, Cortes Generales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y en general de la sociedad española». Algo para lo que, sostiene el PP, «es decisivo que los representantes de la soberanía nacional contemos con toda la información posible sobre la misma».

La comisión en la Cámara Baja estaría integrada por 37 miembros (13 del PSOE, 9 del PP, 5 de Vox, 4 de Unidas Podemos y uno a cada uno del resto de grupos) y desarrollaría sus trabajos hasta que finalice la presidencia del Consejo de la UE en España.

La polémica por las listas de Bildu se ha convertido en el eje central de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo y el PP trata de situarse en un estadio intermedio entre la tibieza del PSOE y la exigencia de Vox de aplicar la Ley de Partidos e ilegalizar la formación que actualmente lidera Arnaldo Otegui. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo —que se encontraba en Bilbao junto a Carlos Iturgaiz, líder del partido en el País Vasco—, exigió ayer a Pedro Sánchez que la Abogacía del Estado analice las planchas electorales de la izquierda abertzale y le acusó de «no haber hecho nada» transcurridas casi 100 horas desde que trascendiera «esta indignidad». El líder gallego sostiene que, más allá de denunciar la indecencia que supone la inclusión de hasta 44 exmiembros de ETA (siete de ellos con delitos de sangre) en las listas para el 28-M, «es necesario actuar». Génova pretende así zafarse de la presión ejercida por Vox y responder a la iniciativa que los de Santiago Abascal registraron el viernes en el Congreso para ilegalizar a la coalición independentista.