La exclusión de una exetarra inhabilitada reaviva la polémica
Dignidad y Justicia pide ilegalizar a Bildu y culpa a la Fiscalía de no detectar a Majarenas
Acto celebrado el miércoles con la participación de la portavoz de EH Bildu en el Congreso. JUAN HERRERO
La denuncia de Dignidad y Justicia para que se anule la lista de Bildu en Astigarraga al considerar que la exetarra Sara Majarenas sí está inhabilitada reaviva la polémica sobre la inclusión de condenados por terrorismo en las planchas de la coalición abertzale. El colectivo denunciante dice que la Fiscalía se equivocó al dar por cumplida la pena de inhabilitación de diez años impuesta a Majarenas por la Audiencia Nacional, que ha constatado que la exintegrante del comando Levante de ETA continúa inhabilitada hasta el 6 de abril de 2028, como denunció la asociación Dignidad y Justicia al pedir que se anule su candidatura en las listas de EH Bildu, y así se lo ha hecho saber a la Fiscalía.
Majarenas recibió ayer mismo la notificación de que su condena de inhabilitación termina dentro de cinco años y no está pues liquidada. Esta situación impide que pueda formar parte de una lista electoral según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), a la que ha apelado Dignidad y Justicia para pedir que se anule su candidatura.
La Fiscalía archivó la semana pasada una denuncia que interpuso ante ella esta misma asociación, al no ver indicios de delito en la inclusión de 43 condenados de ETA en las listas de Bildu -entre ellos Majarenas-, al entender que ya habían cumplido todos sus condenas. Ahora, y a la vista de la resolución de la Audiencia Nacional, el Ministerio Público sostiene que el que la exintegrante del comando Levante no tenga liquidada la pena de inhabilitación absoluta «no supone una infracción penal».
Mantiene así la Fiscalía lo que dictaminó en su anterior pronunciamiento sobre esta cuestión, si bien ha informado a la Junta Electoral de Zona para que adopte la resolución oportuna, ya que, asegura, es el órgano competente para determinar si esta persona cumple los requisitos para formar parte de una lista electoral.
En dicha providencia, según expone la citada nota, además de solicitarse informe al fiscal en otra cuestión relativa a la condena de Majarenas, se pone en conocimiento que se va a efectuar la práctica de la condena de inhabilitación absoluta que le fue impuesta en sentencia firme, y que ha quedado establecida hasta la citada fecha. «Ante dicha circunstancia, de la que tenemos conocimiento en el día de hoy, se ha procedido por parte de la Fiscalía del Audiencia Nacional a dar cuenta de ello a la Junta Electoral de Zona, a través de la Fiscalía correspondiente», indica el departamento que dirige el fiscal Jesús Alonso.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en que esta «circunstancia no desvirtúa la decisión tomada en el Decreto de fecha 17 de mayo de 2023 por el archivó la denuncia de DyJ con el argumento de que los hechos denunciados no eran «constitutivos de infracción penal», y de que le compete «a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas».
Dignidad y Justicia, que en su denuncia ante la Fiscalía consideraba también que existen motivos para ilegalizar a Bildu por incluir a condenados por terrorismo en sus listas, se dirigió este miércoles a la Junta Electoral de Zona de Donostia para pedirle que anule la candidatura de Majarenas a las elecciones en Astigarraga (Guipúzcoa).
En su escrito, hecho público este jueves y que fue remitido también a las Juntas Electorales de Guipúzcoa y a la Central, así como al Servicio de Ejecutorias de la Audiencia, la asociación recordaba que Majarenas ingresó en prisión el 17 de febrero de 2005 y fue excarcelada el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses, por lo que su pena de inhabilitación de diez años a cumplir tras la de cárcel se extendería hasta 2028.
Meses antes de quedar en libertad, le fue concedido el segundo grado penitenciario en marzo de 2017 para que pudiera convivir en un centro de acogida con su hija Izar de tres años, quien había sido apuñalada en enero por su padre. Para solicitarlo presentó además un escrito en el que mostraba su arrepentimiento y reconocía el daño causado por su actividad en la organización terrorista.