Sánchez negocia sin un modelo claro territorial el precio del soberanismo

La imagen data del 21 de junio de 2015, cuando Pedro Sánchez batallaba por asentarse en la secretaría general del PSOE. Compareció ante los suyos para oficializar, por primera vez, su candidatura a presidir el Gobierno con una bandera de España tan elocuente de fondo de escenario que el medio —el formato— se convirtió en el mensaje. «Ser patriota es un valor exigente, porque ser patriota es querer que la historia de tu país discurra por la senda de la prosperidad y la libertad», proclamó contra las políticas de Mariano Rajoy, pero también frente al auge del independentismo en Cataluña. Sánchez justificó así el gesto un mes después en una entrevista con este periódico: «España necesita reivindicar la fuerza de la unión para hacer frente a sus desafíos. Y no encontré mejor símbolo».

Hoy, ocho años después y tras haber llovido un ‘procés’ secesionista que asomó a los catalanes y al conjunto del país al abismo, una moción de censura ganada y una inédita legislatura con un Ejecutivo de coalición sostenido por el soberanismo catalán y vasco, Sánchez afronta la que se presenta ya como la investidura más ajustada de la democracia, con él y Alberto Núñez Feijóo disputándose el derecho a gobernar. La dependencia del líder socialista de las formaciones con fuerte arraigo en el Estado periférico —Esquerra, EH Bildu y PNV— se ha visto agudizada por un 23-J que ha hecho decisivos también los escaños de Junts.

Entre todos componen un arco de reivindicaciones que van del que ya figuraba en el acuerdo de investidura de 2019 que firmó con Sánchez el peneuvista Andoni Ortuzar, para avanzar en el reconocimiento de «las identidades territoriales» de Euskadi y Cataluña, a la reclamación de ERC de un plebiscito pactado a la manera canadiense y un nuevo sistema bilateral de financiación autonómica; pasando por el programa de máximos del partido de Carles Puigdemont, prófugo de la justicia en Waterloo por la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, que no se apea del referéndum de autodeterminación y la amnistía general por el ‘procés’. Es paradójico que quien más lejos llegó en nombre de la independencia, la izquierda ‘abertzale’ que dio cobertura al terror de ETA para imponerla, sea hoy la que supedita sus objetivos históricos al pragmatismo para influir en Madrid y disputarle la hegemonía al PNV.

Ante unas negociaciones muy espinosas, los socialistas exploran el terreno del huevo antes que el del fuero. Es decir: han lanzado un, por ahora, impreciso anzuelo sobre el reajuste de la financiación autonómica pendiente desde hace 14 años, desdeñado por el president Aragonès por su vaguedad y que tropieza con el mapa teñido de ‘azul PP’, cuyos barones recelan de que solo persiga beneficiar a Cataluña. En cuanto al fuero, el PSOE lo sitúa en los límites constitucionales. La Carta Magna no prevé un plebiscito para que una parte del Estado se separe del mismo; aunque hay juristas, los menos, que creen que el «referéndum consultivo» del artículo 92, para «decisiones políticas de especial trascendencia», podría ofrecer una pista de aterrizaje. El PSOE incide en que la Constitución traza su línea roja sobre un modelo territorial cuyos presupuestos, fijados por el partido en la Declaración de Granada, Sánchez ha ido acomodando a circunstancias y necesidades.

La Declaración de Granada: el pacto de las familias del PSOE. El 6 de julio de 2013, con Rubalcaba al frente del partido, se aprobó un documento que buscaba concretar la posición sobre el Estado de las autonomías; pero detonado por la urgencia de evitar que los sensibles equilibrios con el PSC saltaran por los aires. El trabajoso texto, que conjuró la división, ponía negro sobre blanco la apuesta por terminar de federalizar la España autonómica.

Un lustro después, tras la peripecia que le encumbró al liderazgo del PSOE, le defenestró y se lo devolvió por la puerta grande de las primarias, Sánchez suscribió con el PSC pilotado ya por Miquel Iceta la Declaración de Barcelona. Corría 2018, Cataluña ya había implosionado con el referéndum ilegal del 1-O al que siguió la inédita intervención del autogobierno a través del artículo 155 de la Constitución y los socialistas apostaban por un federalismo «plurinacional» y carácter más asimétrico, a fin de construir para Cataluña «una alternativa» entre «el inmovilismo» de Rajoy y el secesionismo. Sánchez elogió «la lección» de Quebec en la búsqueda de una salida «política» legal al desafío separatista en Cataluña.

Pero, en vísperas de la Nochevieja de 2019, tras dos generales en seis meses, Sánchez se garantizó seguir en la Moncloa gracias a un pacto con Esquerra que asumía la existencia en Cataluña de un «conflicto político», creaba una mesa de diálogo ‘ad hoc’ entre los Gobiernos de Madrid y Barcelona.

Y ahora, con el federalismo asimétrico en segundo plano, el PSOE se congratulaba en su programa para el 23-J de que la ‘política de reencuentro’ en Cataluña haya espantado el riesgo de «ruptura». Además de comprometerse a alumbrar en un año una nueva financiación. Propone una cogobernanza ensayada por el covid, aquel ‘mando único’ que le llevó a ser criticado desde todos los ámbitos.