El juez enfoca a Puigdemont dentro de la trama terrorista del ‘procés’
La Fiscalía recurrirá el auto al considerar que la causa de Tsunami debe ir a Barcelona
Imagen de los manifestantes ayer frente a la sede del PSOE en León. RAMIRO
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado dirigir la investigación por terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados. García Castellón cita como testigo al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para que declare sobre una reunión que este habría mantenido en Ginebra con Marta Rovira, según el auto, donde el magistrado ve «llamativa» su presencia en «la gestación de la organización».
El juez investiga en esta causa —una de las que podría ser susceptible de entrar en una eventual ley de amnistía— las acciones desplegadas por el grupo Tsunami Democràtic, una «organización estructurada» y «jerarquizada» surgida en el año 2019 en protesta contra la sentencia del ‘procés’, para —dice el auto— «subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».
«Rol de liderazgo»
El juez cree que Puigdemont tuvo un «rol de liderazgo» en el movimiento de Tsunami, según infiere de conversaciones que obran en la causa, y sostiene que está «acreditado indiciariamente» que el expresidente catalán acudió «a las reuniones que se celebraron en Ginebra» el 29 y 31 de agosto de 2019, donde «pudo haberse planificado la actuación» de la plataforma.
Una conclusión que extrae del análisis de la agenda del historiador y hombre de su máxima confianza, Josep Lluis Alay, quien, según el juez, haría de intermediario con el resto de implicados y consultaría al expresidente catalán las «decisiones y dudas» que surgen en torno a la campaña desplegada por Tsunami.
Por eso, ve necesario oírle en calidad de investigado en el marco de un interrogatorio que «versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha anunciado que recurrirá el auto del juez porque cree que los hechos no encajan en delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos, y debido a la desaparición del delito de sedición, dos cuestiones de calificación jurídica que harían perder la competencia a la Audiencia Nacional.