El CGPJ avisa que estará «vigilante» con las comisiones parlamentarias por el ‘lawfare’

La primera declaración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un día después de que sus integrantes cumplieran el quinto año en funciones, una situación inédita en la etapa democrática, no fue para recordar a los parlamentarios su compromiso con la Constitución para renovar de una vez el órgano. Tampoco reaccionaron a la petición de una asociación de jueces y otra de fiscales para que dimitan en bloque todos los vocales y provocar así la reacción de PSOE y PP al bloqueo de la institución.

En cambio, el Consejo, a través de su Comisión Permanente, el órgano ejecutivo, sí salió este martes al paso sobre el otro tema que ha enconado más si cabe el «desolador» ambiente que impregna la institución: la tramitación de la ley de amnistía en las Cortes, sede del Poder Legislativo.

En un comunicado, la comisión del CGPJ reiteró su rechazo a las alusiones al denominado ‘lawfare’ (guerra judicial) en Cataluña que se contienen en el acuerdo inicial firmado entre el PSOE y Junts. Una mención que luego fue eliminada del texto de la proposición de ley de amnistía registrado en el Congreso.

La declaración aprobada este martes advierte que se mantendrá «vigilante» ante la creación de las primeras comisiones parlamentarias para detectar dichos casos y ha mostrado su «frontal oposición» a que se revisen resoluciones judiciales sobre estos hechos.

La inclusión de este asunto en el orden del día de la comisión fue reclamada por los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la constitución de dos comisiones de investigación que versarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de 2017 y sobre la denominada ‘operación Cataluña’: el seguimiento parapolicial a líderes independentistas cuyos casos acabaron siendo judicializados. Sin embargo, pese a la iniciativa de estos tres vocales para fagocitar la respuesta del Consejo a estas iniciativas parlamentarias la votación no salió como esperaban. El motivo es que el texto aprobado definitivamente contó con el voto de calidad del presidente interino Vicente Guilarte, después de que tanto él como las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas no apoyaran la propuesta de los consejeros conservadores. Por su parte, la también vocal progresista Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.

«En fraude de ley»

Por su parte, los tres promotores, Ballestero, Carmona y Llombart, votaron en contra y anunciaron la formulación de un voto particular por considerar que el acuerdo es insuficiente y necesita ser ampliado. En el mismo voto denunciaron que estas comisiones de investigaciones «han nacido en fraude de ley», ya que su motivación constitucional es la de controlar la acción del Gobierno y, en cambio, se han creado como un instrumento para controlar el Poder Judicial. «Se pretende, en definitiva, generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería solo la legal -penal, civil o disciplinaria-, sino también la responsabilidad política.