El PP pide suspender a partidos que hagan consultas ilegales en su enmienda a la amnistía
Tellado asegura que uno de los objetivos del partido es retrasar y bloquear la ley con un texto alternativo
La enmienda a la proposición de ley de amnistía que el PP registró ayer propone que se tipifique como deslealtad constitucional de las declaraciones de independencia y los referéndum ilegales, además de la disolución de las personas jurídicas que incurran en esos delitos, incluidos partidos políticos. Así lo ha anunciado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una rueda de prensa este miércoles en la sede del partido, en la que ha indicado que esta enmienda es el punto de partida en su intención de «rearmar al Estado» frente a posibles ataques a la Constitución en el futuro.
Según ha explicado Tellado, la enmienda tendrá un artículo único para reformar el Código Penal y tipificar como delito la inobservancia por los cargos públicos de las leyes, con el añadido de que se podrán suspender las actividades y disolver las personas jurídicas que participen en esos delitos, sean partidos políticos u otras organizaciones. Fuentes del PP han apuntado que en la redacción no se incluirá la ilegalización de partidos, pero sí la suspensión de actividades y disolución de personas jurídicas, lo que incluye a partidos políticos, además de organizaciones sociales o culturales. Tellado se ha mostrado convencido de que los partidos políticos catalanistas tienen la intención de convocar un referéndum, porque es «un ansia expresada con claridad» por ellos.
Ha indicado también que «retrasar y bloquear» la ley de amnistía es uno de los objetivos del PP en esta legislatura y que la enmienda a la totalidad con texto alternativo es un paso más en ese reto.
Horquilla de penas propuestas
La enmienda con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE plantea penas de prisión de uno a cinco años e inhabilitación de uno a cinco años para la autoridad, funcionario, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma que impulse actos para convocar un referéndum o cualquier forma de consulta que sea contraria a la Constitución.
Además pide castigar con prisión de cinco a diez años e inhabilitación de seis a doce años a la autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una autonomía que, fuera de los cauces legales de reforma constitucional, promoviendo la inobservancia de las leyes o con incumplimiento de resoluciones judiciales, declare la independencia de una parte del país o su integración en otro Estado.