Diario de León

Díaz pone a prueba el apoyo de sus socios con la semana laboral de 37,5 horas

Sumar forzará el martes la votación en el pleno de una de sus medidas estrella

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante una entrevista concedida a EFE. MARISCAL

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MIGUEL ÁNGEL ALFONSO
Madrid

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Lo que ocurra este domingo en Galicia supondrá un antes y un después para Sumar. La formación de Yolanda Díaz concurre a la cita con bajas expectativas, por ello, y ante un posible revés -las encuestas más optimistas auguran entre uno y dos escaños para la lista que encabeza Marta Lois-, la coalición de izquierdas ya tiene preparado su siguiente movimiento en el Congreso. El grupo parlamentario magenta forzará una primera votación para poner a prueba el apoyo de los socios del Gobierno a uno de los buques insignia de su programa electoral, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario, abriendo la puerta a un pacto con los agentes sociales para bajar paulatinamente dicho tope hasta las 32 horas.

De ese modo, y con la red de seguridad que supone que la iniciativa se presente como una proposición no de ley -que no es vinculante y solo insta al Gobierno a emprender una acción-, Díaz podrá testear el grado de afinidad con este proyecto de cada grupo parlamentario, que estarán obligados a fijar su posición sobre un asunto que en su momento ya generó discrepancias entre PSOE y Sumar y que finalmente quedó recogido en el acuerdo de Gobierno firmado antes de la investidura de Pedro Sánchez.

Como el resto de iniciativas parlamentarias, la medida se enfrenta a una aritmética que va más allá del clásico eje izquierda-derecha y que necesitará de una amplia mayoría para ser tomado en consideración por la cámara. El PP ya cuestionó la reducción de la jornada y defiende, en cambio, la «semana flexible» para favorecer la conciliación. PNV y Junts, necesarios para que el proyecto salga adelante, por su parte, acogieron con frialdad este punto del acuerdo de coalición. Extraparlamentariamente, la CEOE lo tildó directamente de «atropello constitucional».

También resta por comprobar el respaldo de otras formaciones clave, como Coalición Canaria.

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