Imputan a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ya está formalmente investigado. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid admitió este viernes la denuncia de la Fiscalía Provincial y abrió una causa para indagar la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil. Según la magistrada María Inmaculada Iglesias, González Amador usó un entramado empresarial a su nombre para dejar de tributar cerca de 351.000 euros del Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2020 y 2021. Lo hizo como consecuencia de su mediación con la empresa catalana FCS en un contrato de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. Cobró 1,97 millones por estos servicios. Asimismo, está acusado de presentar una docena de facturas para justificar trabajos inexistentes y poder abonar una menor cuota tributaria.

Además de la pareja de Díaz Ayuso, quien llegó a defender la pasada semana que su novio no solo no debía nada a Hacienda sino que el organismo estatal le adeudaba 600.000 euros, el juzgado ha encausado a otras cuatro personas: Maximiliano Niederer, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo por los mismos delitos. En su auto, razona que supuestamente, y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias», el contribuyente dejó de ingresar por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el mismo impuesto de 2021, una cuota de 195.951 euros.

Unos delitos presuntamente cometidos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil. El siguiente paso del juzgado será citar a declarar a los investigados, a las dos peritos de la Agencia Tributaria que firmaron el expediente fiscal (se trata de dos inspectoras de Hacienda) y ofrece a la Abogacía del Estado la personación en la causa al tratarse de unos tipos penales que afectan a intereses públicos. A la presidenta madrileña la noticia le pilló a 10.600 kilómetros de Madrid, en Santiago de Chile, donde asistió a un foro liberal en el que defendió la menor intervención del Estado en la economía. Ingeniería fiscal La resolución de la instructora relata la actuación tributaria de la empresa de González Amador, Maxwell Cremona S. L., radicada en Madrid y dedicada a la consultoría y gestión de servicios de eficacia energética.

En mayo de 2022 Hacienda abrió diligencias para comprobar las cuentas de la sociedad «ante su incremento del volumen de negocio» en 2020 y 2021, en plena pandemia, por el contrato de mascarillas de FCS con el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, en 2017, un año después de su fundación, su facturación fue de 8.045 euros. En 2018 subió a 287.000 euros. En 2019 llegó a los 357.000. Pero la llegada del coronavirus hizo que esas cifras se dispararan: 2,3 millones en 2020 y 1,3 en 2021.

En esas pesquisas, Hacienda detectó dos conductas fraudulentas.