Ortiz recusa a los jueces del Supremo que decidirán sobre su continuidad

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido entrar al choque con el Tribunal Supremo con una medida inédita. El máximo responsable del Ministerio Público ha registrado, a título particular, un escrito en el que pide la recusación de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que examinan el recurso de una asociación de fiscales contra su renovación en el cargo, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre pasado. Los cuatro magistrados afectados por esta petición de García Ortiz son los integrantes de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso: el presidente Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herreros y José Luis Requero. El incidente de recusación presentado a título particular por García Ortiz supone que se desprende de la defensa de la Abogacía del Estado por razón de su cargo.

El motivo de esta petición, además, se centra en el hecho de que según el solicitante los cuatro magistrados le acusaron de «desviación de poder» en una sentencia de noviembre pasado. En concreto, en la resolución que anuló la propuesta que hizo para nombrar a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo, fiscal de sala de lo Militar del Tribunal Supremo. La máxima categoría en el Ministerio Público.

Esta mención de la Sala sobre un supuesto abuso de poder fue utilizado por el Partido Popular para acudir a la vía penal y querellarse contra el fiscal general por un delito de prevaricación. Sin embargo, la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal decidió en abril pasado inadmitirla y, por lo tanto, archivarla por la falta de indicios delictivos.

En el mismo auto los integrantes de esta sala, con el presidente Manuel Marchena a la cabeza, recordaron que «no cabe trasladar de forma automática» la desviación de poder que vieron sus colegas «al ámbito penal del delito de prevaricación». Del mismo modo, rechazaron que se hubiera producido un nombramiento ilegal.

Ahora, y solo 24 horas después de conocerse que el mismo tribunal de la Sala de lo Contencioso también ha anulado la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, se conoce el movimiento de García Ortiz para apartar a los cuatro magistrados. Los mismos jueces que ya examinan el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación y que deberán decidir si continúa o no en el cargo. En caso de que los magistrados recusados decidan no apartarse, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en su artículo 227, contempla que será la conocida como ‘Sala del 61’ la que tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por García Ortiz.

Este órgano especial cuenta con 15 magistrados: el presidente interino del Supremo Francisco Marín Castán, los presidentes de cada una de las jurisdicciones, los cinco magistrados más antiguos de las mismas y los cinco que se han incorporado de forma más reciente.