Entre los querellantes también hay exfiscales y escritores
Exjueces del Supremo quieren sentar en el banquillo al rey emérito
Sostienen que la dos regularizaciones en Hacienda por 5,1 M¤ de Juan Carlos I fueron ilegales
El rey emérito Juan Carlos I, durante su última visita a Sanxenxo (Pontevedra).
En plena ofensiva judicial contra el Gobierno por las nuevas revelaciones del ‘caso Koldo’ una querella presentada en el Tribunal Supremo vuelve a colocar en la agenda mediática al rey emérito. Magistrados jubilados del alto tribunal, dos exfiscales anticorrupción, abogados, filósofos, juristas, escritores o periodistas han rubricado un escrito de 20 páginas en el que reclaman a la Sala Segunda (Penal) la apertura de una investigación contra don Juan Carlos, en su condición de aforado ante este órgano, por la presunta comisión de cinco delitos fiscales.
La querella firmada por antiguos jueces del Supremo como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, o fiscales también retirados como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, sostiene que el «rey honorífico» no regularizó correctamente su situación fiscal cuando le fueron notificadas en dos ocasiones las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo en junio y noviembre de 2020. Unas diligencias preprocesales que comenzaron a raíz de las revelaciones que su examante Corinna Larsen realizó al comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en la adjudicación de las obras del AVE saudí, realizada por un conglomerado de empresas españolas. Para los querellantes, los delitos fiscales se habrían cometido entre los ejercicios 2014 a 2018, cuando el anterior monarca perdió la inviolabilidad tras ceder el trono a su hijo Felipe VI el 19 de junio de 2014.La Fiscalía del Supremo, por decreto de 2 de marzo de 2022, decretó el archivo de las citadas diligencias al considerar que las dos regularizaciones fiscales que hizo Juan Carlos I, valoradas en 5,1 millones, eliminaron cualquier responsabilidad penal derivada de estos hechos. Sin embargo, los denunciantes centran su escrito en que el afectado conoció previamente que le estaban investigando por asuntos de «relevancia tributaria» y esto motivó su actuación ante Hacienda antes de que fuera formalmente denunciado ante la Justicia. Por lo tanto, la querella pone el acento en que la defensa del rey emérito conoció de antemano el motivo genérico de las diligencias de la Fiscalía y, por lo tanto, su regularización debería haber quedado si efecto ya que «no se ajustó a la legalidad» que marca la normativa tributaria. Es decir, dudan de la tarea que hicieron en su momento los peritos de la Agencia Tributaria asignados al caso por el entonces jefe de la AEAT Jesús Gascón (hoy secretario de Estado de Hacienda y mano derecha de la ministra María Jesús Montero), quienes consideraron que la misma fue «espontánea y veraz». En el escrito se piden además una serie de diligencias como la declaración de Juan Carlos I (podría hacerla por videoconferencia desde su residencia en Abu Dabi) y la testifical de. entre otros, su familiar Álvaro de Orleans Borbón (responsable de la fundación Zagatka, que hizo pagos al anterior jefe del Estado para servicios personales), el contable suizo Arturo Fasana, dos abogados y el asistente del exrey.