El hermano del presidente comparece también por su plaza en el ayuntamiento de Badajoz
La cuesta judicial de enero acecha esta semana a Moncloa y al entorno de Sánchez
MAR y ocho testigos declaran por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra, y Miguel Tellado. Chema Moya
La cuesta judicial de enero vuelve a proyectar sobre Moncloa y el entorno del presidente Pedro Sánchez en la primera semana de enero. Tras la resaca de diciembre, con un cúmulo de frentes en los tribunales para el Gobierno, la agenda tiene marcadas este miércoles y jueves dos citas relevantes en las causas que se siguen contra el fiscal general en el Tribunal Supremo y contra David Sánchez, hermano del líder socialista, en un juzgado de Badajoz con su declaración como investigado por varios delitos. La investigación por la revelación de secretos en la difusión de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, por un caso de fraude fiscal emprende esta semana nuevas líneas de trabajo. El juez instructor Ángel Hurtado mantiene por ahora como investigados al fiscal general Álvaro García Ortiz y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Sin embargo, el conocimiento de que el ex secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, recibió desde Moncloa el correo del abogado de Alberto González Amador buscando un acuerdo con la Fiscalía llevó el procedimiento a una nueva fase. Es decir, las sospechas sobre la difusión de esta información reservada de un particular se ampliaron hasta llegar al corazón del Gobierno. Primero con el señalamiento de Pilar Sánchez Acera, quien fuera hasta septiembre pasado asesora del jefe de Gabinete de Presidencia Óscar López, hoy ministro de Transformación Digital, como la persona que envió a Lobato el correo del novio de Ayuso en el marco de la disputa partidista en Madrid. Y, en segundo lugar, con el informe de la Guardia Civil del pasado 19 de diciembre elaborado a partir del contenido del teléfono móvil que Lobato, quien dimitió por estos hechos, entregó en su comparecencia del 29 de noviembre. Este informe judicial confirma que Moncloa tuvo acceso al correo electrónico reservado de la defensa de González Amador y aseguró que de ese documento tendrían conocimiento antes de ser publicado en ningún medio de comunicación «al menos», además de Lobato y Sánchez Acera, el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada; y el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín, sustituto de Vallés pero que a los pocos días dejó el cargo por razones de salud. El papel de Rodríguez De momento, el juez ha rechazado imputar a Sánchez Acerca, pero debe decidir sobre la citación como testigos de Vallés y Antolín, pedida por la acusación popular representada por el pseudosindicato Manos Limpias.