Solicita a dos operadoras que identifiquen el tráfico del móvil del fiscal general del Estado
El juez pisa los talones a García Ortiz
Ordena rastrear las llamadas del fiscal general en busca de la filtración al diario Público
Pedro Sánchez en el primer Consejo de Ministros tras la Navidad. efe
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado no da su brazo a torcer. El magistrado Ángel Luis Hurtado prosigue la búsqueda de la filtración del correo reservado de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que propuso un acuerdo a la Fiscalía de Madrid a cambio de reconocer la comisión de dos delitos de fraude fiscal por la compraventa de material sanitario en pandemia. Tras conocerse, a partir de un informe de la Guardia Civil, el borrado de los mensajes del teléfono móvil del fiscal general y el cambio de terminal el pasado 23 de octubre, una semana después de que la Sala Segunda (Penal) del Supremo le abriese una causa, el juez ha abierto la puerta al rastreo de las llamadas de Álvaro García Ortiz desde los dos móviles que, teóricamente, usó en la fecha acotada a los hechos investigados.
En concreto, ha requerido a dos operadores de telefonía, Movistar y Vodafone, que le faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas por García Ortiz, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, es decir, los receptores de esas conversaciones. Además, reclama los paquetes de datos de las dos terminales así como la identificación del receptor y el emisor de los mismos números de teléfono. Todo ello entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Se trata de un periodo de tiempo acotado a la investigación por la presunta filtración del correo reservado que envió la defensa de González Amador al fiscal de Madrid que le investiga por fraude fiscal, Julián Salto, en busca de un acuerdo extrajudicial para reconocer los hechos a cambio de no entrar en prisión.
Recuperar los mensajes
En la misma resolución, el juez reclama a la UCO de la Guardia Civil, unidad policial investigadora, conocer si existe la posibilidad de recuperar el contenido de los mensajes de los móviles vinculados a García Ortiz. El magistrado quiere saber si los informáticos pueden rescatar las conversaciones de Whatsapp que se habrían borrado por la aplicación de un protocolo interno de seguridad en el Ministerio Público, según justificó en su momento la Fiscalía General del Estado.La pasada semana se conoció que el investigado por un delito de revelación de secretos cambió de teléfono el 23 de octubre pasado. Esto es, una semana después de que la Sala Segunda le abriese una causa y siete días antes del registro de los agentes de su despacho profesional y la intervención de sus dispositivos electrónicos y los correos corporativos por orden del juez.En otra resolución, el instructor rechazó el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es una de las acusaciones populares personadas en el procedimiento, contra la decisión del magistrado de acotar la investigación a las citadas fechas de marzo. El motivo es que, inicialmente, Hurtado extendió el examen de las comunicaciones intervenidas a García Ortiz a cerca de ocho meses, entre el 8 de marzo y el 30 de octubre pasado, pero después rectificó por tratarse de un plazo «desproporcionado», tal y como se quejó la defensa del fiscal general y de la segunda investigada por ahora por estos hechos, la jefa provincial de Madrid Pilar Rodríguez.