El Gobierno recupera el alza de las prestaciones y las ayudas al transporte, que ya no decaen
Sánchez le cambia a Junts las pensiones y todas las medidas sociales por la confianza
El presidente salva las medidas más progresistas mientras Junts acepta limitar algunos desahucios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada para ofrecer una rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Madrid.
Pedro Sánchez ha terminado por ceder a la presión de Junts, su aliado parlamentario más volátil, para garantizar la revalorización de las pensiones y, sobre todo, intentar amarrar, aunque sea hasta el próximo sobresalto, la legislatura. El Gobierno aprobó finalmente en el Consejo de Ministros de este martes un nuevo real decreto ley que recoge solo una parte, la más social, del macrotexto que el pasado miércoles tumbaron en el Congreso la formación de Carles Puigdemont, el PP y Vox. Y no solo eso: los socialistas aceptarán debatir en la Cámara baja la proposición no de ley que insta al presidente a someterse a una cuestión de confianza, aunque no lo hará, una condición previa de Puigdemont para discutir cualquier cosa al margen de los acuerdos pendientes. El jefe del Ejecutivo compareció en el Palacio de la Moncloa para dar cuenta personalmente de un cambio de guion que trató de presentar como una victoria política. «El diálogo, la negociación y el acuerdo son señas de identidad de mis gobiernos y agradezco a todos los miembros del Consejo de Ministros su aptitud y también su actitud, porque no damos un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final y al final las cosas salen, las cosas suceden y suceden —argumentó— en favor de la mayoría social».
La habitual reunión semanal del Consejo de Ministros se retrasó para apurar las negociaciones abiertas con Junts a fin de no prolongar más una situación que, además de incertidumbre social, había generado un clima de ingobernabilidad.
El real decreto ley contiene, según explicó el propio Sánchez, «la mayoría de medidas del escudo social» recogidas en el ómnibus. Entre ellas, además de la subida de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital, las bonificaciones al transporte público o las ayudas a los afectados por la dana y el volcán de la Palma. Y también la prórroga de la suspensión de los desahucios. Esta sí es una concesión de Junts, que objetaba que la medida complicaba los desalojos de «ocupaciones delincuenciales", pero la hace a cambio de que el Gobierno incluya garantías públicas para, dicen los secesionistas, «garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas».
Lo que, en cambio, quedaría fuera —y, según el presidente del Gobierno, ya se negocia con los grupos parlamentarios— son el grueso de las medidas económicas y fiscales que contenía el decreto decaído. El Ejecutivo sí ha aprobado la prórroga del escudo antiopas intracomunitarias —provenientes de actores dentro de la UE— sobre empresas de sectores estratégicos. Pero no, entre otras muchas cosas, las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto a los bancos, los incentivos al vehículo eléctrico o incluso los anticipos a cuenta para las comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ejecutivo se da por satisfecho con salvar lo que era más relevante. Porque haber dejado fuera asuntos como el escudo antidesahucios o la prohibición de cortar los suministros básicos a personas vulnerables le habría supuesto un quebranto con Sumar, Podemos, ERC o Bildu.
El palacete del PNV
Sánchez entiende que así logra rearmarse para plantar cara a un PP que ya se frotaba las manos ante su debilidad parlamentaria. Desactiva su ofensiva sobre la revalorización de pensiones -con recogida de firmas incluida- y le pone ante la tesitura de decidir qué hacer con un real decreto más reducido y limitado, como exigía Alberto Núñez Feijóo, pero en el que de rondón se ha vuelto a meter la cesión al PNV del palacete parisino que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y que los populares rechazan.
"Cualquier Gobierno puede perder una votación parlamentaria, como ha sido el caso -minimizó en su comparecencia el jefe del Ejecutivo-, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social de nuestro país". Al hecho de que por el camino vaya a tragarse el sapo de debatir en el Congreso si debe someterse a una cuestión de confianza prefirió, en cambio, no dedicarle mucho tiempo. El pasado viernes, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, llegó a decir en Onda Cero que permitir la tramitación de esa iniciativa sería tanto como autorizar una consulta sobre la independencia de Cataluña amparándose en que no tendría ninguna "vinculación legal". "No, hombre, no nos hagamos trampas al solitario -adujo-. Si alguien quiere, tiene una herramienta que es bien sencilla, la moción de censura".
Sánchez opuso, sin embargo, que Junts reformulará el texto que registró en la Cámara baja el 9 de diciembre de manera que quedará claro lo que ya dice la propia Constitución, que las cuestiones de confianza son potestad exclusiva del presidente; y con eso, ahora sí, le vale. De nuevo, el presidente justificó los medios a cambio de un fin: la continuidad de un Gobierno que, presumió, ha llevado a España a "cifras récord de crecimiento económico, de transformación de nuestro modelo productivo, de creación de empleo y al tiempo -reivindicó- de reducción de las desigualdades".