El Gobierno exhibe otro choque con reproches cruzados de «populismo»

Una batalla se cierra en el seno del Gobierno y otra se abre. Harán falta muchas dosis de «amor, síntesis y política» —la fórmula con la que, según la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se resolvió su pugna con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en torno al modo de implementar la jornada laboral de 37,5 horas semanales— para aplacar la tensión ya evidente entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la máxima exponente de Sumar por las cargas fiscales que debe asumir el nuevo Salario Mínimo Interprofesional pactado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

La rapidez con la que Díaz se lanzó a defender, hace ya días, que quienes perciban esa retribución sigan sin pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) irritó desde el primer momento a la también número dos del PSOE. Y este miércoles, Montero no hizo ya el mínimo intento de disimular su malestar. Al revés. «Hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada», recriminó en una entrevista en Antena 3. Apenas unos minutos antes, la titular de Trabajo había respondido en Onda Cero con un rotundo «¡Sin lugar a dudas!» a la pregunta de si hay «neoliberales» en el Ejecutivo.

A la dificultad de las negociaciones con sus aliados parlamentarios, y singularmente con Junts, los socialistas tienen que añadir ahora un favor previo. En el Ejecutivo asumen que Díaz «busca su espacio» en un contexto político que se ha mostrado especialmente destructivo, en términos electorales, para Sumar, la formación que la vicepresidenta segunda dejó de liderar tras el mal resultado de las gallegas y las europeas del año pasado, pero de la que no descarta volver a ser cabeza de cartel. Que lo entiendan, no obstante, no quiere decir que les agrade. Pedro Sánchez optó por dejar que Díaz se llevara el gato al agua en su empeño de que el Consejo de Ministros aprobara el martes el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada sin ningún cambio respecto a lo pactado con los sindicatos. La solución al choque con Montero, sin embargo, aún no se vislumbra.

Ésta aseguró ayer que cuando el Consejo de Ministros apruebe el incremento de 50 euros mensuales —que situará el SMI en 1.184 euros brutos distribuidos en 14 pagas— tomará también «otras decisiones» que ya se irán comunicando y que entonces se verá que «cualquier suposición» que se pueda estar haciendo en este momento es «incorrecta». Pero también defendió que desde que Sánchez llegó a La Moncloa el salario mínimo se ha incrementado ya un 60% y que es «importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia y, sobre todo, combatir la desigualdad». En los años anteriores, las subidas del SMI se acompañaron de ajustes en el mínimo exento del IRPF para evitar que los trabajadores con ingresos equivalentes al salario mínimo tuvieran que tributar. Si en 2025 no ocurriera lo mismo, las retenciones podrían ser de entre 230 y 300 euros anuales. La ministra de Hacienda insistió, en todo caso, en que es necesario hacer «pedagogía» sobre el uso de los impuestos. Díaz replicó, sin embargo, que «la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo».

La vicepresidenta segunda ha declarado en una entrevista que en el PSOE hay ministros neoliberales