Un juzgado cita a Sánchez a un acto de conciliación con el novio de Ayuso

La titular del Juzgado de Primera Instancia 98 de Madrid, María Pilar Anguita, ha citado el próximo miércoles a Pedro Sánchez a un acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como paso previo a la interposición de una querella de este último por llamarle «delincuente confeso».

Se trata de un simple trámite burocrático previo a que González Amador pueda hacer efectiva su demanda por injurias y calumnias y en la que reclama 100.000 euros al presidente. No obstante, ni Sánchez ni el empresario están obligados a acudir a esta cita, ya que pueden delegar su representación en sus respectivos abogados.

Este acto de conciliación viene motivado por unas declaraciones del jefe del Ejecutivo el 17 de octubre del pasado año en Bruselas, un día después de que el Tribunal Supremo citase como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. En concreto, Sánchez tachó de «delincuente confeso» a González Amador y reclamó la dimisión de la presidenta madrileña. «Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", afirmó el líder socialista desde la capital comunitaria.

La pareja de Díaz Ayuso ha demandado igualmente a la vicepresidenta María Jesús Montero por un ataque al honor por decir que paga su piso con el fraude fiscal y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por tildarle también de «delincuente confeso", después de que su propio abogado reconociera en el famoso mail remitido al fiscal Julián Salto que en el caso de su cliente «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». La filtración de ese correo es el que precisamente ha costado la imputación por revelación de secretos del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo.

Además, Leopoldo Puente, el juez del Supremo que investiga la 'trama Ábalos-Koldo', quiere saber cuanto antes hasta dónde extendió realmente sus tentáculos la red de Víctor de Aldama y si las corruptelas —tal y como asegura el propio conseguidor— llegaron a las entrañas del propio Gobierno y del PSOE. Según revelan fuentes cercanas a este procedimiento, el instructor, básicamente se ha dado un mes de plazo para calibrar la envergadura de esta causa de la que se hizo cargo el pasado 5 de noviembre y que, en realidad, todavía está dando sus primeros pasos porque aunque la denominada 'operación Delorme' comenzó abril de 2022 (y las primeras detenciones no llegaron hasta febrero de 2024), hasta que el pasado 28 de enero el Congreso de los Diputados no comunicó al Supremo la suspensión de la inmunidad de José Luis Ábalos no se ha podido comenzar a investigar a fondo el papel del exministro de Transportes en todo este extenso caso. El gran reto —detallan estas mismas fuentes— ahora es activar la investigación sobre Ábalos con un año de retraso e intentar «colocar nuevas piezas en un puzle que ya está bastante avanzado» y en el que algunas de estas piezas pueden haber desaparecido o ser «hechas desaparecer", incluidas las que puedan apuntar al Gobierno.

El juez quiere que la UCO aclare ya si hay pruebas de las acusaciones de Aldama contra el Ejecutivo y el PSOE.