Sánchez desdeña las exigencias de Sumar y descarta presentar Presupuestos sin tener los votos
El pleno del Congreso pondrá en evidencia los roces por el gasto en defensa y la falta de apoyos
Pedro Sánchez en un acto del PSOE celebrado el find e semana en Navarra.
Pedro Sánchez no tiene intención de llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado si no tiene garantizado el apoyo de los grupos parlamentarios de antemano. El Ejecutivo ha encajado hasta ahora derrotas parlamentarias de calado —la última, el pasado jueves, cuando el PP y Junts tumbaron contra pronóstico la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública-, pero la trascendencia de que las Cortes digan no a la ley en la que queda plasmado el programa anual de todo gobierno no es soslayable. Siempre se ha considerado, como norma no escrita de la democracia, que un portazo de esa envergadura era razón suficiente para convocar elecciones anticipadas. Y ahora el presidente quiere evitar ese escenario.
Un día después de que Sumar, socio minoritario de la coalición gubernamental, y su propia vicepresidenta, Yolanda Díaz, insistieran en que presentar las Cuentas es una «obligación» y reclamaran llevar el texto al Congreso para, una vez allí, abrir negociaciones con el resto de formaciones, como se hace con cualquier otra iniciativa, la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, replicó que contar con un acuerdo previo es «importante». «Si no —llegó a decir— podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, desde luego, a los ciudadanos».
Los socialistas intentan zanjar un debate que les resulta muy incómodo. Oficialmente, nadie admite que los Presupuestos de 2025 ya se dan por perdidos. Alegría volvió a repetir lo que viene diciendo las últimas semanas y lo que también ha sostenido el propio Sánchez en intervenciones recientes ante la prensa en Bruselas y en Madrid: que siguen «trabajando y dialogando» para presentarlos. Pero en privado, varios ministros admiten que no hay margen.
La fecha límite para tirar la toalla se ha ido moviendo a conveniencia y de manera progresiva. Tras renunciar a los Presupuestos de 2024 con el argumento de que no se daba el clima para su negociación en plena campaña de las catalanas anticipadas por el entonces president, Pere Aragonès, el Gobierno aseguró que presentaría los de este año en tiempo y forma; es decir, antes del 30 de septiembre. Luego habló de diciembre, más tarde del primer trimestre de este ejercicio y, ahora, de mayo.
Su propósito es que la no presentación de las Cuentas, una anomalía en la democracia española, se acabe asumiendo como normal e irrelevante. Por eso el empeño de Sumar, que, con el aliento de Podemos en el cogote, quiere ver plasmadas sus principales demandas negro sobre blanco en las Cuentas, es una china en el zapato de la que tratan de zafarse. Fuentes gubernamentales aducen, incluso, que se trata "como un problema mayor lo que no es un problema".
En "rebeldía"
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, restó de hecho la más mínima trascendencia a que sea la propia Constitución la que fija que el Gobierno debe presentar anualmente las Cuentas a las cámaras. Y alegó que la Carta Magna también regula qué hay que hacer en caso de que no haya Presupuestos: prorrogarlos.
Fuentes gubernamentales ironizan con que si el Ejecutivo está "en rebeldía", lo están también muchos ejecutivos autonómicos del PP. Tanto Bolaños como Alegría incidieron, además, en algo muy discutible: que las Cuentas en vigor, las de 2023, son "de este Gobierno". En realidad, no lo son. Fueron presentadas la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que incluso tenía una estructura distinta de la actual -no había, por ejemplo, Ministerio de Juventud e Infancia- y fueron aprobadas por unas Cortes Generales con otra configuración. Pero Sánchez suele argumentar que él está "cómodo" con ellas y que han permitido que España sea la economía de la UE que más crece y más empleo genera, por lo que mantenerlas prorrogadas no supone drama alguno.
Este miércoles en el Congreso volverá a evidenciarse que resulta casi imposible ahormar una mayoría en torno a asuntos clave para el Gobierno y que deberían quedar plasmados en un proyecto presupuestario, como el aumento del gasto militar comprometido ante Bruselas y la OTAN. Sánchez interviene ante el pleno para informar de sus últimas reuniones internacionales sobre la situación geopolítica y la guerra de Ucrania y lo hará sin dar cifras cerradas y con un discurso antibelicista para no incomodar a sus socios.
Nuevo golpe de PP, Vox, Junts y PNV
El PSOE renunció este martes a la enmienda que había pactado con Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos para revertir una modificación aprobada por el Congreso hace unos meses que permitía que los dos delitos relativos a la ocupación de viviendas se juzguen por la vía rápida, lo que reduce el procedimiento a 30 días. Lo hizo para evitar otra derrota parlamentaria al constatar que no contaba con mayoría para ello en la Comisión Constitucional de la Cámara baja, donde se debatía el dictamen de la proposición de ley impulsada por el grupo socialista por la que se modifica la ley orgánica reguladora del derecho de asociación, tras el rechazo previsto de PP, Vox, Junts y el PNV.
Aquel cambio en la norma fue impulsado precisamente por los nacionalistas vascos y salió adelante en noviembre del año pasado gracias a que ERC y EH Bildu se equivocaron a la hora de votar en el pleno, apoyando por error la propuesta; un fallo por el que acabaron pidiendo, incluso, perdón. Más allá de ello, el de este martes supone otro vaivén de los socialistas con esta cuestión en pocas semanas, después de que el miércoles pasado respaldaran la tramitación de una iniciativa de Junts para desalojar okupas en 48 horas y que contó con el voto en contra del socio minoritario de la coalición y los favorables del PP y Vox.
Pese al fracaso de la enmienda, en el grupo parlamentario del PSOE consideran cumplido el acuerdo con sus socios de izquierda, ya que la intención era llevarla ante la Comisión Constitucional, no necesariamente lograr la mayoría, como así ha ocurrido al final.
Mejor suerte corrió la regulación del derecho de asociación, que continúa su trámite parlamentario. La norma está encaminada principalmente a garantizar que, entre los motivos de disolución de una asociación, figuren la apología del franquismo, entendida esta como "ensalzar el golpe de Estado o la Guerra Civil, enaltecer a sus dirigentes, menospreciar o humillar a las víctimas o incitar al odio o la violencia contra ellas". El dictamen salió adelante en la Comisión Constitucional con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que el PP y UPN se abstuvieron y Vox votó en contra. Apología del franquismo La previsión es que esta norma, que arrancó su tramitación en octubre, sea elevada al pleno la segunda semana de abril para su remisión a Senado. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará un respaldo de al menos 176 diputados (mayoría absoluta), por lo que el PSOE no puede perder por el camino a ninguno de los aliados que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez.
La norma afecta solo a asociaciones y no a fundaciones, como es el caso de la Francisco Franco. Los intentos de disolución de esta entidad siguen otro camino, pues dependen del Ministerio de Cultura, que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar. Su departamento los trámites previos el pasado mes de junio. No obstante, ante la posibilidad de que la fundación intente transformarse en asociación para evitar su extinción, el PSOE optó por impulsar en paralelo la reforma de la ley de asociación, según explicaron fuentes del grupo parlamentario.
Para ello se va a incluir en la ley vigente una disposición adicional para incluir como causa de disolución "la realización de actividades que constituyan apología del franquismo", bien "ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior", "enalteciendo" a sus dirigentes, siempre que "concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" del golpe, la guerra o la dictadura o con "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
La diputada del Partido Popular María Jesús Moro censuró que con esta reforma, de aprobarse, se entra en "una consideración de Constitución militante", un punto en el que coincidió con el parlamentario de Vox Carlos Flores Juberías.