El caos de Muface precipita la salida de 45.000 funcionarios hacia la sanidad pública
Función Pública prorrogará la asistencia de DKV, Adeslas y Asisa hasta que entre en vigor el nuevo convenio, que se retrasará hasta mayo
Sede de Muface en Madrid.
Ya hay cifras oficiales sobre los funcionarios que decidieron abandonar sus seguros privados para pasar a la sanidad pública el pasado enero, momento en el que el colectivo puede elegir quién les prestará este servicio, coincidiendo este año con la fuerte incertidumbre en torno a la supervivencia del modelo de Muface. En total, 45.629 personas (entre titulares y beneficiarios) dejaron la sanidad concertada en esos primeros días del año en los que aún existían serias dudas sobre si alguna aseguradora acudiría a la licitación para el nuevo convenio, según trasladó ayer la directora de Muface, Myriam Pallarés, a los sindicatos, durante una reunión del Consejo General de la mutualidad. La cifra duplica las 'fugas' hacia la Seguridad Social que se registraron en el mismo mes de 2023 y confirma el desasosiego sufrido por el colectivo durante las semanas de mayor tensión entre el Gobierno y las aseguradoras, que hasta mediados de febrero no confirmaron que acudirían a la oferta de Función Pública, tras conseguir una mejora de las primas del 41,2% para los próximos tres años, por un importe total de 4.808 millones de euros.
El número de abandonos se conoce, además, en pleno debate sobre el futuro de este modelo sanitario, después de que la Autoridad Fiscal (Airef) haya recomendado al Gobierno que todos los funcionarios que vayan ingresando a la Administración pasen directamente a formar parte del INSS, tras constatar que así lo hacen ya más del 70% de ellos (los de nueva incorporación).
Preocupación
La propuesta ha hecho saltar las alarmas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, que se opone frontalmente a un plan que supondría el final, aunque sea a largo plazo, del servicio. "Exigimos al Gobierno que garantice la viabilidad del mutualismo administrativo que ha funcionado eficazmente durante décadas, pero que debe recuperar la calidad perdida en la asistencia sanitaria por la falta de financiación de los últimos conciertos", apuntaron ayer en un comunicado.
El sindicato lleva tiempo denunciando la reducción de los cuadros médicos en Muface, que ya ha trasladado que el nuevo concierto sanitario -que estará bajo el paraguas de Adeslas y de Asisa- se firmará previsiblemente después de Semana Santa. Es decir, que lo más probable es que su entrada en vigor se retrase hasta mayo. Durante ese 'vacío', Función Pública iniciará una nueva prórroga para que Adeslas, Asisa y DKV (que ya decidió que no seguirá prestando el servicio) mantengan las condiciones y la continuidad asistencial a sus pacientes adscritos. La mayor duda se centra ahora en qué pasará con los 200.000 funcionarios que pertenecen a DKV y que deben elegir entre cambiar de aseguradora o pasar a la Seguridad Social. Según el Ministerio dirigido por Óscar López, una vez que el nuevo concierto entre en vigor, se establecerá un plazo de un mes para que todos puedan tomar su decisión. Si no lo hacen, pasarán 'de oficio' a la pública.