El Gobierno compra mil millones a Israel pese a la guerra de Gaza
El Gobierno se afana en pasar página tras su último choque con Sumar y cierra filas con Marlaska. El PP llevará al Tribunal de Cuentas la decisión «arbitraria» de cancelar el contrato
La directora de la Guardia Civil, los ministros Marlaska y López y Antonio Hernando.
El Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de más de 1.000 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023, coincidiendo con el atentado terrorista de Hamás en suelo israelí en el que fallecieron cerca de 1.200 personas y la posterior operación militar del Ejército hebreo en la franja de Gaza, que deja ya más de 50.000 muertos. Los datos han sido adelantados este viernes en un informe del Centro de los Estudios por la Paz de Barcelona a partir de los datos consultados en la Plataforma de Contratación del Estado. De estos 46 contratos valorados exactamente en 1.044.558.955 euros, una decena aún no han sido formalizados. La mayor parte de todas estas adjudicaciones se refieren a la compra de material militar israelí por parte del Ministerio de Defensa como los lanzacohetes Silam (576,4 millones) o los misiles Spike (237,5 millones), que suman cerca del 80% del montante total: 813,9 millones. También se incluyen otros acuerdos con empresas de defensa israelíes como IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.
La crisis en el Gobierno a cuenta de la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil a una empresa israelí quedó sofocada el jueves, apenas 24 horas después de su inicio, con la orden de rectificación inmediata de Pedro Sánchez, pero el episodio ha dejado claras secuelas. La más evidente afecta a la imagen del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el jefe del Ejecutivo desautorizó abiertamente en aras de la paz interna como no hizo en otros episodios polémicos, particularmente, la respuesta policial al trágico asalto a la valla de Melilla en junio de 2022, en el que fallecieron 23 personas. En el ánimo de Sánchez no está, sin embargo, prescindir de él. Y aunque los socios parlamentarios de la izquierda —ERC, Bildu y el BNG— exigen que dé explicaciones en el Congreso, Sumar no hará más sangre.
En el Gobierno se asume que la confianza que el presidente tiene en el exmagistrado de la Audiencia Nacional y juez en excedencia sigue siendo firme. Marlaska es, contra el pronóstico inicial, uno de los miembros más longevos del Ejecutivo de Sánchez. Solo María Jesús Montero, Margarita Robles, Luis Planas y él resisten en sus cargos desde 2018 .
En Moncloa admiten haberse pegado «un tiro en el pie» con un error que no solo ha tensado las costuras de la coalición gubernamental sino que daña la credibilidad de un discurso del que Sánchez ha hecho especial bandera, la denuncia de «la matanza indiscriminada de palestinos» en Gaza por parte de Israel. Aun así, achacan lo ocurrido al exceso de celo del funcionario de turno que, ajeno a las directrices políticas y siguiendo el protocolo habitual, asumió la recomendación de la Abogacía del Estado de no suspender el contrato, de 6,6 millones de euros, para evitar una penalización económica. «Los ministros no son responsables de revisar expedientes. Ha sido grave pero le podía haber pasado a cualquiera", aducen en defensa de Marlaska.
El PP da un paso más y llevará ante el Tribunal de Cuentas la decisión «arbitraria» del Gobierno de cancelar «por interés personal» de Pedro Sánchez el contrato de compra de 15 millones de bala a Israel.