«La Inspección Fiscal no ha aportado ningún indicio que señale otro autor del delito"
Una asociación de fiscales pide al Supremo que procese al fiscal general
Creen que las pruebas son «abrumadoras» y hay un acervo probatorio «desmesurado»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que acuerde el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. La asociación, que ejerce una de las acusaciones populares, solicita al instructor que dicte el auto de procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento) para el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación administrativa al existir una «abrumadora prueba». Lo plantea así porque «no existe más prueba por practicar que las dos declaraciones", entre ellas la de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid el próximo día 23, y porque «concurre un acervo probatorio desmesurado en este caso» que, en su opinión ya existía cuando se derivó la causa desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora «se ha visto reforzado». Al respecto, cita las declaraciones de los investigados, que se acogieron al derecho a no responder al instructor, para destacar que se sigue «sin saber por qué García Ortiz, sabiendo que el Tribunal Supremo había admitido la exposición razonada, procedió al borrado de su móvil, sin trasladar la información». «Nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente». Subraya también las testificales de los directores de comunicación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Provincial porque «corroboran, en relación con la nota de prensa publicada por Fiscalía el 14 de marzo de 2024, la imperiosa necesidad de García Ortiz –en colaboración con Rodríguez– de, en ilegítimo conocimiento de la información del expediente penal del querellante, sacar tales datos a la luz de manera urgente y detallada». Destaca, además, el informe de la UCO sobre el material intervenido en el registro del despacho de Rodríguez, que es la clave sobre la que pivota toda la investigación y que advierte de la «participación preeminente» de García Ortiz en los hechos. Y añade que «la Inspección Fiscal no han aportado ningún indicio que señale hacia otro posible autor del delito".