El juez imputa a dos excargos de Ayuso por las muertes del Covid
Familiares de las 7.291 víctimas de las residencias están detrás de la denuncia. El novio de la presidenta dice que su abogado envió sin su consentimiento el 'email' con el pacto a la Fiscalía
González Amador a su llegada al Supremo para prestar declaración como testigo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó ayer a la imputación de dos exaltos cargos del Gobierno regional por los protocolos de derivación sanitaria en residencias durante la pandemia, al asegurar que la Fiscalía «ha cambiado de criterio» y esa es la «única información» que tiene al respecto. «Es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo", dijo.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid —Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo— durante la pandemia de Covid-19, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19. Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Se reabre así a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
En otro caso que salpica colateralmente a Ayuso, su novio, Alberto González Amador, dijo ayer en el Tribunal Supremo que el abogado que le representaba en la causa en la que se le investiga por delitos fiscales, Carlos Neira, redactó y envió sin su consentimiento el correo electrónico en el que se ofrecía a reconocer dichos delitos a cambio de un pacto con la Fiscalía. Se trata del 'email' que presuntamente habría filtrado a la prensa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado en el alto tribunal por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador.
Durante el interrogatorio, el novio de Díaz Ayuso se ha desvinculado del correo electrónico que Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 al fiscal Julián Salto —quien le investigaba por presuntos delitos fiscales— ofreciendo reconocer dichos delitos a cambio de un pacto con la Fiscalía. Según ha dicho, el letrado redactó y lo envió sin su consentimiento. González Amador ha explicado que él quería que la investigación fiscal se solucionara sin hacer mucho «ruido» porque no quería perjudicar a su pareja, la presidenta madrileña. Ha negado haber cometido fraude alguno contra la Hacienda Pública y ha insistido en que Neira actuó por su cuenta al enviar el correo electrónico .