La UCO se blinda frente a los ataques
Los 700 agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil intentan abstraerse del «ruido» político
El ministro del Interior, Grande-Marlaska, durante un Pleno del Senado.
En la sede de la Unidad Central Operativa (UCO), en los alrededores del aeropuerto de Barajas, no hacía falta que unos audios de la ex alto cargo socialista y supuesta ‘fontanera’ de Ferraz, Leire Díez, les pusieran sobre aviso de que su trabajo está levantando ampollas en el PSOE. Los ‘toques’ se vienen sucediendo desde que en febrero del año pasado este departamento hiciera estallar el ‘caso Koldo’, ahora ya ‘caso Ábalos’. Ese «ruido» —cuentan desde el cuartel general de la UCO— se amplificó todavía más a raíz de que en los meses inmediatamente siguientes tres jueces —Juan Carlos Peinado (‘caso Begoña Gómez’), Beatriz Biedma (‘caso David Sánchez’) y Ángel Hurtado (imputación del fiscal general)— encomendaran ‘motu proprio’ y en exclusiva al cuerpo de élite las investigaciones más delicadas para el Gobierno tras las denuncias iniciales de acusaciones populares.
Pero la situación en los últimos días es ya un «verdadero lodazal», constata un veterano mando ligado a los orígenes de la UCO allá por 1989. La actual ‘tormenta perfecta’ tiene cuatro frentes, coinciden todos los que estos días han pasado por las dependencias de Barajas. El primero es la publicación de los audios de Leire Díez intentando obtener «información sensible» para tratar de acabar con uno de los actuales pilares de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, jefe de Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja de las cinco que componen la UCO (junto a Apoyo Técnico, Patrimonio, Narcotráfico y Cibercrimen). Este departamento es el que está a cargo de los cuatro casos que tanto incomodan ahora al Gobierno y al PSOE. El segundo frente, en el que están participando «importantes altavoces» muy cercanos al Ejecutivo, es el de «intentar hacer creer» que existe lo que algunos medios están denominado «la UCO patriótica», una suerte camarilla parapolicial en esta unidad para tratar de acabar con la presidencia de Pedro Sánchez. El ariete de esta ofensiva son los audios, incorporados a una investigación interna, de Juan Vicente Bonilla, excapitán de fuentes de la UCO, con uno de sus confidentes. Bonilla, que desde que en 2023 dejó la Guardia Civil trabaja para el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, está en el origen del ‘caso Ábalos’: fue el primero en apuntar a las actividades sospechosas de Koldo García gracias a a revelaciones de uno de sus soplones.
Bonilla, que ha emergido, junto a Balas, como uno de los objetivos de la presunta ‘fontanera’ de Ferraz, se expresa en sus wasaps con los confidentes en «tono despectivo» contra el Gobierno, llegan a admitir algunos agentes de la UCO, que lo enmarcan, no obstante, en la singular relación entre un agente y un confidente con el que intenta congraciarse. Pero que en ningún ponen en duda la limpieza y, sobre todo, las «pruebas» —rebaten estas fuentes— de la investigación por la que ha acabado imputado en el Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos, quien fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE y en el Gobierno. «Hablar de la UCO patriótica es tanto como hablar de ‘la camorra’ de la Guardia Civil como hace Leire Díez», compara uno de los mandos del instituto armado.
El tercer frente es el famoso informe que el instructor en el Supremo del ‘caso Ábalos’, Leopoldo Puente, encargó a la UCO sobre los datos que pudieran vincular al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la trama que dirigía Víctor de Aldama, después de que éste último acusara al secretario de Organización socialista de haber cobrado mordidas por la adjudicación de obras. La tensión por este informe —sobre cuyo contenido se ha especulado hasta la saciedad— late en el Gobierno y en el PSOE, desde donde se ha llegado a insinuar que la Unidad Central Operativa está filtrando datos del mismo, algo que niegan categóricamente en la Guardia Civil y de lo que no existe prueba alguna.
En este triple escenario es en el que viven los 700 agentes de la UCO y, sobre todo, el centenar largo de funcionarios bajo el mando de Antonio Balas. A estos últimos, además, Ábalos los amenaza con un cuarto frente: desde hace meses viene cuestionándolos, hasta el punto de pedir la nulidad del caso, por haberlo investigado cuando era todavía aforado. Que la UCO, por error, endosara al exministro un inmueble de dos millones de euros en Colombia cuando en realidad apenas costó 1.000, sirvió como munición a Ábalos para abonar la tesis —ya extendida entre los socialistas— de la cacería política de la UCO contra el PSOE.
Pero en la sede de la UCO, bajo los motores ensordecedores de los aviones que no dejan de despegar, los agentes de élite de la Guardia Civil se conjuran para «aislarse de todo el ruido exterior». Tras aumentar los decibelios en el cuerpo por la falta de un gesto oficial de apoyo a la UCO, el ministro Fernando Grande-Marlaska, cuyos roces con la Guardia Civil en estos siete años dan ya para un ensayo, envió el jueves a la directora de la institución, Mercedes González, a reunirse con Balas. Fue un encuentro de «poco más de un cuarto de hora» y «sobre todo muy institucional» en el que González agradeció el trabajo de la unidad en una cita en la que estuvo parte de la plana mayor de la misma y todo el cuerpo.
Presiones que no «calan»
Esa visita de González no ha tenido efecto, relatan mandos , a los que tanto las felicitaciones como las críticas que vienen de los políticos, «calan muy poco». En la UCO da igual que Grande-Marlaska no haya rechazado con contundencia las maniobras de Leire Díez o que haya trascendido que la suya no es la unidad favorita del ministro, quien debutó al frente de Interior fulminando en agosto de 2018 al entonces jefe de la UCO, el coronel Manuel Sánchez Corbí. «Un día un exalto responsable de Interior del PP nos felicito por el informe de los ERE y al día siguiente no dijo que otro informe sobre la ‘operación Púnica’ que habíamos entregado al juez no era consistente», relata un viejo mando de esta unidad.
Pasó lo mismo hace solo un año, cuando la UCO dijo no tener indicios de que Begoña Gómez hubiera participado en el rescate de Air Europa. El Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción bajo las órdenes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Uafac) ha golpeado, sobre todo en los últimos 20 años, a redes de uno y otro signo político. Al PP lo cercaron con operaciones como ‘Azud’, ‘Lezo’, ‘Erial’ o la propia ‘Púnica’. Su experiencia para nadar en la guerra partidista sin ahogarse —recuerdan los más veteranos— se remonta a cuando en mayo de 2017 la entonces presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, pidió a Rajoy poco menos que la cabeza de los responsables de la UCO por involucrarle en supuestos amaños. «Desde entonces no han parado, pero sobreviviremoscomo siempre», garantizan en la unidad.
El PP acusa a Moncloa de propagar un bulo
El Partido Popular ha acusado al Gobierno de seguir propagando la mentira de que el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud bajo mandato de Ayuso, fantaseó con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez y ha exigido una rectificación después de que lo hayan hecho varios medios de comunicación. "La Sexta ha rectificado. Ahora sólo queda que lo haga el Gobierno", ha escrito el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X, acompañado de una captura de unos mensajes del director de laSexta Noticias 20 horas, Rodrigo Blázquez, en la misma red social en los que aseguraba que su información sobre la bomba lapa es incorrecta y pedía disculpas. "El capitán de la UCO y su confidente hablan de que "el sanchismo" les va a poner una bomba lapa a ellos. Y nosotros contamos lo contrario: que ellos fantaseaban con poner la bomba lapa a Sánchez. Lo siento en el alma", explicaba Blázquez.
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pedía a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dejar de mentir, en respuesta a unas declaraciones de la ministra este mismo sábado en Zaragoza.
"El guardia civil del que habla jamás fantaseó con ponerle una bomba a Sánchez: en la conversación dice lo contrario", explica Gamarra.
En este sentido, la dirigente del PP subraya que "la mentira ha sido desmontada con toda claridad, pero en Moncloa siguen propagándola. Así funciona el círculo del bulo sanchista", concluye.
Además de Pilar Alegría, otros dos miembros del Gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se han referido este sábado a una información publicada este viernes por varios medios sobre una conversación de WhatsApp en la que un capitán de la Guardia Civil que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid barajó en 2021 la posibilidad de atentar contra Pedro Sánchez con una bomba lapa en su vehículo o contratando un "sicario venezolano".
"Yo no quiero que ningún día tengamos que lamentar nada. Por eso, voy a ser muy claro, y lo digo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Le exijo a Ayuso que cese inmediatamente al cargo público que tiene y que fantasea con la muerte del presidente del Gobierno. Se acabó", ha afirmado Óscar López este sábado en un acto del PSOE de Madrid.
"No puede ser que un cargo público que cobra 60.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir?", ha advertido.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha considerado "intolerable" que el excapitán de la UCO se refiera a Pedro Sánchez "en términos de amenaza de muerte".
"Ni más ni menos que una persona perteneciente a la Guardia Civil, actual alto cargo de (Isabel Díaz) Ayuso, que lo ha contratado, está hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del Gobierno", ha afirmado.
"Es intolerable lo que estamos viendo y leyendo de alguien que está en este momento cobrando un sueldo público de los madrileños y, en definitiva, del conjunto de los españoles y que se refiere al presidente del Gobierno en términos de amenazas de muerte", ha dicho.