Cerdán acusa al juez y al fiscal de encarcelarlo sin indicios y en busca de su confesión

ERC ha registrado en el Senado una solicitud de decenas de informes y memorias a varios órganos de control de la Administración del Estado, entre ellos una fiscalización extraordinaria del Tribunal de Cuentas para los contratos que hizo el Ministerio de Transportes entre 2021 y 2024.En la solicitud, firmada por los senadores Laura Castel y Joan Queralt, fechada el miércoles y difundida por ERC este jueves, se pide al Tribunal de Cuentas que dé una relación detallada de todos los contratos mayores de 2 millones de euros en ese período y que verifique fraccionamientos artificiales, incrementos de precio y alteración de los criterios de las adjudicaciones. ERC ha indicado que esta petición viene motivada por el informe Cerdán del caso Koldo, como refuerzo del control institucional. Castel y Queralt también piden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un listado de expedientes sancionadores incoados entre 2021 y 2025 por prácticas colusorias en licitaciones de obra civil, así como un informe de riesgos agregados a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Un informe consolidado de las alertas del sistema Minerva de la Intervención General y un informe estadístico de la Autoridad Independiente de Protección del Informante son otros de los documentos incluidos en la solicitud.

Por su parte, Arnaldo Otegi ha afirmado este jueves que «ya no vale» apoyar al Gobierno con el argumento de que la alternativa es peor, sino que se ha entrado en una nueva fase y que para continuar la colaboración debe abordarse un «proyecto democrático» de regeneración que incluya el debate sobre el modelo de Estado. El dirigente abertzale ha indicado que «ya no puede sostenerse este Gobierno tan solo con el argumento que los que vienen son peores", sino que «con lo que está ocurriendo esa fase está concluida». Por este motivo, Otegi cree que lo que hay que hacer es «lo que no se hizo en el 78", que es «poner en marcha un proyecto democrático, popular y plurinacional", que combata «de manera estructural la corrupción». Se trata de un proyecto que incluye modificar el modelo de Estado, para hacer frente al «bloque reaccionario", una iniciativa que EH Bildu compartirá en las próximas semanas y meses con los partidos que formaron parte del bloque de investidura. "Hay un proyecto liderado por el bloque más reaccionario del Estado que nos quiere retrotraer al siglo XIX", ha explicado Otegi, contra el que debe oponerse, ha dicho, una propuesta de regeneración «que aborde los problemas que quedaron sin resolver en el 78».

El abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, presentó ayer un recurso de apelación contra la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de encarcelarle por riesgo de destrucción de pruebas. El defensor acudió directamente a la Sala encargada de revisar la instrucción del magistrado, conformada por tres miembros, para pedir la libertad «inmediata» de su cliente al considerar que no hay «indicios suficientes» en su contra para mantenerle en la cárcel. En su recurso, la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE hasta hace solo tres semanas sostiene que se trata de «una prisión provisional adoptada sin indicios de criminalidad suficientes» y, por tanto, «incompatible con la presunción de inocencia». Del mismo modo, sobre los supuestos amaños de obra pública insiste en que ejercía de «interlocutor entre el partido y el Gobierno», de ahí su «interés por varias obras en los meses y semanas anteriores a la campaña electoral, por la necesidad de desencallar algunas obras paralizadas». En este sentido, asegura que el magistrado entendió mal la explicación que dio Cerdán en sede judicial, cuando indicó en su resolución que «la obra pública no había perseguido el interés de la ciudadanía sino los ‘beneficios electorales que la licitación o ejecución de aquéllas pudieran representar para su partido’». A su juicio, esta valoración del magistrado Leopoldo Puente evidencia que «la apreciación del instructor es en todo momento contra reo», acusándole además de asumir a pies juntillas el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán de forma «acrítica» y de abrirle una «causa general». Argumenta el abogado que es mera «creatividad judicial» del instructor que si se han adjudicado 500 millones en las 11 obras bajo sospecha serían al menos cinco millones en presuntas ‘mordidas’, es decir, el 1%. Asimismo, critica que la prisión provisional sin fianza contra Cerdán es una medida de presión para que se confiese culpable, lo que vulnera la presunción de inocencia. «Se desprende un claro voluntarismo en la construcción de una hipótesis acusatoria, pero no se llega a concretar cuál es la base que sustenta esta hipótesis en cuanto a las fuentes de prueba. De su lectura, conociendo lo que consta realmente en autos, se desprende la frustración de los investigadores ante el hecho que el patrimonio del Santos Cerdán no es compatible con la tesis acusatoria y esta contradicción fáctica en lugar de resolverse a favor de la presunción de inocencia se resuelve en el sentido de presumir que debe existir un patrimonio oculto y que esa ocultación pendiente de desvelar es lo que justifica la pretendida medida de prisión provisional, toda una inversión radical de nuestro sistema de garantía procesal», detalla Salellas. Del mismo modo, insiste el letrado que la medida se decreta «sin otra finalidad» que la de «obtener una confesión», y que eso no sería conforme al principio de dignidad ni a un proceso penal democrático. Es en ese momento del escrito cuando pone como ejemplo la excarcelación del empresario Aldama.