Sánchez busca contentar a sus socios para cerrar el curso con la mayoría atornillada

«Ahora estamos un poco eufóricos, pero hay que aprobar leyes», admitían el miércoles en el Gobierno. Los socialistas son conscientes de que viven en tiempo de prórroga tras el bombazo que supuso, hace ya casi un mes, el informe de la UCO que provocó la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por presunta corrupción. El debate parlamentario convocado ‘ex profeso’ para que Pedro Sánchez rindiera cuentas sobre el asunto sirvió, pese a los discursos previos, para dar oxígeno al jefe del Ejecutivo en su momento más difícil, pero los socios de investidura también dejaron claro que su apoyo, y más aún en este contexto, no puede salir gratis.

Si la legislatura siempre caminó sobre el alambre, ahora esa precariedad se ha agudizado no ya para el PSOE sino para los propios grupos parlamentarios que le dan soporte. La urgencia por amarrar los frutos de unas negociaciones afrontadas por todos ellos desde una posición de fuerza que, muy posiblemente, no volverá a repetirse, se ha acrecentado. Nadie quiere elecciones, pero formaciones como el PNV o ERC ya advirtieron el miércoles de que su respaldo tiene un límite y este depende de algo que Sánchez no puede controlar: cómo evolucione la instrucción de lo que empezó en febrero de 2024 como el ‘caso Koldo’, se convirtió en el ‘caso Ábalos’ y es ya el ‘caso Cerdán’. Incluso Sumar ha asegurado que romperá si se demuestra que ha existido financiación irregular del PSOE.

La presión sobre Sánchez para cumplir sus polémicos acuerdos pendientes es pues, dada la situación, tan clara como su necesidad de atornillar la frágil y heterogénea mayoría exhibida de nuevo esta semana frente a Alberto Núñez Feijóo. Y ese es el clima en el que tendrán lugar este lunes la comisión bilateral entre Estado y Generalitat para empezar a concretar el polémico acuerdo sellado hace un año con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa y por el que se pretende que la Generalitat recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña; y, el martes, un encuentro entre Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales en el que el Gobierno vasco aspira a cerrar al menos la primera pata del traspaso de la gestión de la Seguridad Social.

El viernes el Gobierno volverá también a llevar al Consejo de Asuntos Generales de la UE la petición de que el catalán, el euskera y el gallego sean consideradas como lenguas oficiales. Las expectativas de que esta vez salga adelante son nulas, pero Sánchez quiere trasladar a los independentistas, y singularmente a Junts, que si ese compromiso no se cumple no es porque no él no esté haciendo todo lo que está en su mano. Llo que Sánchez necesita es apaciguar a sus aliados potencialmente más conflictivos para poder cerrar el curso político en la Cámara baja sin nuevos sobresaltos.

De aquí a las vacaciones de agosto solo queda ya un pleno, el 22 de julio, en el que en el Ejecutivo no quiere sobresaltos. Por eso, en este momento, se plantea someter a votación únicamente asuntos que tienen la aprobación casi garantizada. Su intención es que la jornada sirva para ofrecer una imagen de estabilidad.