Los técnicos de cinco empresas de gas le redactaron a Montoro las leyes que luego amañó el exministro

La investigación que dirige el juez Rubén Rus Vela, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, ha constatado que la supuesta trama de 'leyes a la carta' o 'normativa por encargo' que ha valido la imputación al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro se activó en dos ocasiones muy concretas en 2013 y en 2018, usando la dos veces un modus operandi casi idéntico y sin precedentes conocidos en la larga trayectoria de corrupción en España: permitir que los técnicos de las empresas llegaran a «redactar» las leyes y reglamentos que le interesaban, a cambio de importantes pagos al despacho que había fundado Montoro o la consultora vinculada a este bufete.

Los documentos que obran ya en las diligencias previas 1810/2018, certifican que todo este presunto y novedoso entramado corrupto pivotaba en la mercantil Equipo Económico (EE, antes denominado Montoro y Asociados y actualmente Global Afteli), el despacho de asesoría y lobby que fundó el exministro del PP 2006, dos años después de abandonar por primera vez el Ministerio de Hacienda —que había pasado a dirigir en 2020 de la mano de José María Aznar— y antes de volver a ese mismo cargo en 2011 ya con Mariano Rajoy.

Fue en esta segunda etapa en la que, sostiene el magistrado, Equipo Económico comenzó a operar con un sistema inédito: una suerte de ventanilla externa de peticiones al Ministerio de Hacienda —previo pago, eso sí— para las empresas gasísticas bajo sospecha. Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos se unieron para un fin común: que Rajoy les bajara los impuestos.

El primer supuesto gran amaño legislativo fue en 2013 y fue para que a esas compañías energéticas se les incluyera en la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Hasta recurrir al despacho de Montoro estas empresas fracasaron en sus intentos de hacer cambiar de opinión al Gobierno de Rajoy. Llegaron a presentar enmiendas al Grupo Popular y dirigieron cartas a Hacienda, pero nada. Todo cambió cuando las empresas contrataron a EE y a su asesoría vinculada, EY (Ernest&Young). «En menos de un mes", relata el instructor, y sin que nada hubiera cambiado, el Ejecutivo modificó tanto la Ley 28/2024 como el Real Decreto 1074/2014 sobre Impuestos Especiales para beneficiar al conglomerado de las seis gasísticas denominado Afgim.

Rubén Rus asegura que sus «investigaciones» han «puesto de manifiesto» que AFGIM llegó a «redactar el texto propuesto para la elaboración de la norma» que daría beneficios fiscales a las empresas sospechosas. O sea, Montoro y los nueve exaltos cargos de Hacienda imputados —afirma el juez— dejaron a cambio de dinero que se hiciera una «sustitución o externalización indebida de potestades normativas» a favor de lobby empresarial. Una década El segundo presunto gran amaño legislativo por el que ha acabado encausado el exministro de Aznar y Rajoy siguió prácticamente la misma fórmula y tuvo los mismos protagonistas. Afgim llevaba desde inicio del siglo XXI tratando que los ayuntamientos en los que estaban ubicadas sus plantas de producción y envasado les aplicaran tarifas «notablemente inferiores» para la tributación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Entre 2003 y 2013 habían emprendido sin ningún éxito una cruzada en los tribunales para conseguir esa rebaja. Pero todo había varapalos en forma de sentencias. Llegaron a formular consultas a la Dirección General de Tributos con resultados nulos.

Y entonces en abril de 2015 volvieron a mirar a la supuesta trama de Montoro como única solución para conseguir que les bajaran la tributación. AFGIM, tras las negativas de Hacienda, creó un grupo de trabajo que acabó contactando con EE y EY. «Solo con la intervención de EE, mediante pago, culminaron con éxito las reclamaciones gasísticas", relata el juez. En febrero de 2017 entró en juego el despacho que había creado Montoro y poco después se cambio el IAE a gusto de AFGIM a través de una enmienda a los Presupuestos Generales de 2018, aprobados solo días antes de que Rajoy perdiera el Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez.

La investigación ha constatado que entre 2011 y 2019 el despacho bajo sospecha se embolsó 779.705 euros de las empresas de gas por su trabajos, aunque —apunta el juez— podría haber mucho más dinero en los supuestos trabajos de asesoramiento que se encargaron a asesoría implicada.

Montorose da de baja del PP tras ser imputado y el PSOE toma la revancha

 Cristóbal Montoro optó ayer por renunciar a su condición de afiliado del Partido Popular. Lo hizo, según explicó ‘a posteriori’ la formación, después de que el Comité de Derechos y Garantías decidiera abrirle un procedimiento informativo a raíz de su imputación por, presuntamente, beneficiar con reformas legales a empresas gasistas que previamente acudieron como clientes al despacho de abogados que fundó antes de volver al Miniserio de Hacienda de la mano de Maríano Rajoy. El PP asegura que no hay ningún otro miembro del partido entre el resto de los investigados — tampoco el ex secretario de Estado Miguel Ferre, al que algunas informaciones sitúan como asesor económico de Alberto Núñez Feijóo— e insiste en presentar el asunto como algo del pasado, ajeno a Alberto Núñez Feijóo. Pero la decisión del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona es un torpedo a la línea de flotación de Génova en plena ofensiva contra Sánchez por el ‘caso Cerdán’.

El vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, trató de relativizar la causa, con el argumento de que muchas de las normas que, de acuerdo con el juez, llegaron a ser redactadas directamente por los propias empresas que se beneficiaron de al menos dos rebajas fiscal aún están en vigor, lo que resultaría indicativo, a su juicio, de que tenían sentido. Bravo subrayó además, como si fuera un atenuante, que este caso no es como los que salpican al jefe del Ejecutivo. «Aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen», dijo en Antena 3.

El Gobierno, en cambio, lo ve justo al revés, como un caso «gravísimo». El PSOE llevaba mucho tiempo confiando en que el otoño judicial al que se enfrenta el principal partido de la oposición, con varias macrocausas por corrupción pendientes de sentencia —Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Erial, Novo Carthago, el Campus de la Justicia de Madrid, la desaladora de Escombreras en Murcia...— , contribuyera a mitigar su propio desgaste por el caso que afecta a sus dos últimos secretarios de Organización. O al menos a que Feijóo no pueda beneficiarse de él. Pero la oportunidad de desquite ha llegado antes de lo previsto y este jueves fueron varios los ministros que se entregaron a ella con fruición.

«Es una vergüenza, la montaña de corrupción sobre la que ha vivido y sobre la que vive el PP, y verlo hoy echando balones fuera», recriminó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, antes de volver a insinuar, que su partido está siendo víctima de una campaña orquestada por la derecha y la ultraderecha, a través de sus tentáculos judiciales y mediáticos, mientras al PP se le protege. «Hoy hemos conocido un caso que lleva años de investigación ¿Dónde están las filtraciones? —dijo— ¿Qué ha pasado? ¿Sólo se filtran cuando son de un lado?». También el titular de Transportes, Óscar Puente, golpeó en la misma línea. «¿Decretarán el ingreso en prisión de Montoro y su equipo? ¿O no hay riesgo de destrucción de pruebas o de influir en sus clientes para que las destruyan?», dijo en alusión a la situación en la que se encuentra Cerdán. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, incidió en que no es el primer exministro del PP que tiene que rendir cuentas en los tribunales. Y, desde Sumar, Yolanda Díaz, habló de «corrupción estructural».